"Las protestas y acciones de rechazo, por parte de varias comunidades hacia el ingreso al país de nuestros hermanos, son profundamente dolorosas por su expresión inhumana"
En los últimos
cinco años, producto de la emergencia humanitaria compleja, Venezuela ha vivido
la crisis migratoria más dramática que haya existido en la región. Según el
Centro de Derechos Humanos de la UCAB1, con datos de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y Migración Colombia, suman 5.093.987
las personas que han salido del país de manera forzada, buscando protección y
mejores condiciones de vida bajo el amparo de otro Estado. Se trata de un aproximado
de 5.000 personas al día, desde 2015 hasta antes de que la pandemia del Covid-19
tocara nuestra puerta.
Ante este
fenómeno, los países de la región se vieron afectados, sin la capacidad
institucional para asimilar tal avalancha de migrantes. Gran parte de la última
oleada huyó a pie y se asentó en plazas, calles y zonas periféricas de las
grandes ciudades, viviendo día a día del comercio informal, de la mendicidad y
siendo presa fácil de las mafias de explotación sexual y laboral. También muchos
otros lograron integrarse y establecerse en los países de acogida.
Hoy, en el
contexto de la cuarentena, ante la crisis de salud interna que viven todos los
países, los migrantes se han convertido en carga social y
amenaza para la salud pública de los Estados receptores. Por otro lado,
la actividad económica del inmigrante ha quedado estrangulada por completo,
ante la recesión económica global que afecta a todos los Estados de la región
-que en algunos, como el nuestro, es parálisis-.
El cruce de
todas estas variables ha suscitado brotes de xenofobia en las sociedades de
acogida y en las políticas de los Estados receptores, razón por la que muchos
están regresando a Venezuela. Este retorno cada día va en ascenso y, dada la
crisis global, podría convertirse dentro de poco en un fenómeno masivo, tal
como lo prevé el Servicio Jesuita de Refugiados de Venezuela, que advierte que 1,5
millones de nacionales podrían regresar al país durante este año.
La Venezuela que
los recibe es un país sin combustible, con los servicios de electricidad y agua
potable colapsados, con la red de salud pública por el piso, sin la capacidad
institucional de enfrentar la pandemia y sumido en una crisis política en la
que los actores en pugna no terminan de priorizar la vida antes que sus
intereses de poder.
El Estado
Venezolano, irresponsablemente, mientras se anunciaba la tendencia del Covid-19
a convertirse en pandemia, mantenía como política la negación y no previó
planes de contingencia para responder, tanto a la situación interna como al
retorno de los migrantes que hoy se encuentran en situaciones infrahumanas en
nuestras fronteras.
Como consecuencia,
las poblaciones fronterizas, presas de un temor fundado, han visto como amenaza
el ingreso de los miles de retornados. Las protestas y acciones de rechazo, por
parte de varias comunidades hacia el ingreso al país de nuestros hermanos, son
profundamente dolorosas por su expresión inhumana.
De igual manera,
ahora están siendo recluidos en refugios, hacinados. Estos albergues, sin
condiciones mínimas, amenazan con convertirse en campos de concentración ante
la violencia del virus. Varias ONG, incluidas Provea y Laboratorio de Paz,
publicaron un informe en el que solicitan la activación de protocolos claros de
atención sanitaria, "con principios médicos y técnicos, pero también
respetuosos de la dignidad humana" y señalan que "las agencias de
Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a la frontera y
controlar la realización de procedimientos correctos por parte de las
autoridades".
Nuestros
compatriotas también han sido maltratados, chantajeados y robados por
funcionarios de la fuerza pública. “Cuando pasé la frontera por las trochas me
robaron todo, la ropa, la comida, todo lo que traía, mis documentos. Y cuando
pasé por los guardias que están ahí cerca, me quitaron el teléfono. Como no
tenía documentos, me dijeron que si quería irme, les tenía que dejar el
teléfono”, dijo a Radio Fe y Alegría Alquimaris Colina, quien regresó de
Colombia por Táchira.
En una
conversación que sostuve con monseñor Pablo Modesto, obispo salesiano de
Guasdualito en Apure, nos manifestó su preocupación ante lo que ha visto en
estos espacios. “Estoy llegando de visitar los albergues de Guasdualito, son
16, y es fuerte la situación porque esta pobre gente salió con muchos
problemas, enfrentó muchos problemas y tiene que regresarse y se encuentra con
una fobia de parte de su misma gente. Hay que tener cuidado y guardar los
rigores de la prevención, pero no podemos permanecer indiferentes”.
En este
contexto, como Iglesia, seguimos haciendo un llamado a los decisores políticos
para que pongan en marcha, con urgencia, un “acuerdo social humanitario por la
vida”, antes de que la maldita obsesión por el poder nos conduzca a todos al
despeñadero de una catástrofe humanitaria.
Estamos en
Pascua, abandonemos los instintos de poder y muerte, hagamos posible la vida,
especialmente la de nuestros hermanos retornados y de todos los que se
encuentran en situación vulnerable.
Por Alfredo Infante S.J.
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco 10 al 16 de abril de 2020/ N° 54
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