Mar 20, 2017
“Cierro
los ojos y todavía escucho los gritos. No podíamos dormir, allí sabías cuando
te acostabas pero no si ibas a despertarte con vida”. Así describió los
días de terror que vivió un preso sobreviviente de la Penitenciaria General de
Venezuela y del régimen impuesto por los pranes –líderes negativos- que
decidían quien o no podía vivir.
El
testimonio es reproducido por el portal una Ventana a la Libertad, organización
que defiende los derechos de los privados de libertad en el país sudamericano.
“Muchos
de mis compañeros están mutilados: les cortaban las manos, dedos y pies, ellos
los castigaban si consideraban que se habían ‘comido la luz’ o irrespetado sus
normas”, relató.
Pero
el horror vivido por este venezolano, tal vez solo tenga comparación con el
destino que corrió una cantidad indeterminada de sus compañeros, cuyas
osamentas continúan apareciendo en los espacios de la PGV, catalogada entre las
cárceles más peligrosas del país, en San Juan de los Morros (Guárico).
Los hechos.-
La noticia se conoció luego de una requisa efectuada el jueves 9 de marzo,
cuando en una caballeriza de este penal fue descubierta la fosa común conteniendo
los restos de tres presuntos privados de libertad. Las cifras y las posibles razones
de los fallecimientos no están claras, por el contrario, con los días han aumentaron
las apariciones de cuerpos mutilados.
El
viernes 9 de marzo la cifra subió a siete, luego a 14 y puede que llegue a 20,
según reconoció la propia ministra para los servicios penitenciarios Iris Varela.
“Hasta
los momentos se han recuperado 14 cadáveres de los cuales 9 tienen sus cráneos”,
dijo el Ministerio Público, confirmando los hallazgos.
Sin
embargo, Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad denunció
que los fallecidos pudieran llegar a cien. “Todas las fuentes que hemos
consultado hablan de la existencia de una fosa común en la que se hallaron
restos de más de cien personas”, confirmó en la web de la oenegé.
Iglesia exige se investiguen los
hechos
Conocidos
los hechos, la Conferencia Episcopal Venezolana –CEV-, se mostró “consternada local y
nacionalmente ante el hallazgo de osamentas en la PGV”, dijeron
mediante un comunicado monseñor Roberto Lückert y el presbítero Saúl Ron
Braasch, presidente de la comisión de justicia y paz y vicario de los derechos
humanos, respectivamente.
“Este
terrible descubrimiento, traduce la vulneración a derechos fundamentales como
la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e
inhumanos y degradantes, que atentan contra la integridad física, psíquica y
moral de cualquier ciudadano”, dice la misiva eclesial.
Sostiene
el Episcopado que este hecho, sumado a otros similares en la historia reciente
de Venezuela y Latinoamérica, “puede quedar ensombrecido por la impunidad
que no solo violaría la dignidad de las víctimas fallecidas, sino la de sus
familiares que esperan se determine las responsabilidades correspondientes”.
¿Varias fosas comunes?
Sobre
estos hechos han comenzado a surgir testimonios aunque protegidos en el
anonimato para evitar represalias, bien sea por parte del Estado o por los
grupos delictivos.
Es así como familiares de algunos reclusos aseguraron al
diario El Nacional que “hay más cuerpos en los pabellones y otras
áreas del penal”. Incluso, Ana María Estrada, quiere saber si su hijo -que
fue decapitado por los enemigos del pran de la PGV-, está en alguna fosa común.
Igualmente
existen casi treinta denuncias recabadas por Yilman Red. Indicó que la mayoría
de los familiares recibió llamadas anónimas, notificándoles que los reclusos
fueron objeto de torturas y luego asesinados. La razón principal de las
presuntas muertes: no haber pagado la causa, es decir, la protección de sus
vidas al pran del recinto carcelario.
Petición de la CEV.-
En trabajos publicados el año pasado por Aleteia
se dio cuenta de una situación de presos enfermos por tuberculosis,
cuyo destino final se desconoce; así también, se publicó la “Alarma, estupor y angustia”,
que estas enfermedades generaron en la población reclusa y sus familiares, lo
cual también fue denunciado por los obispos católicos de Venezuela.
Ante
estos hechos, la Iglesia ratifica su petición al Poder Público Venezolano en
todas sus instancias: “se avoque urgente, diligente, efectiva y sin
retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al
esclarecimiento de la verdad”; y “garantizar la integridad y la dignidad de
los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable
tragedia como esta”.
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