jueves, 27 de febrero de 2014

Nuncio Apostólico ratifica mensaje del Papa a los Venezolanos: “Representantes políticos deben favorecer la reconciliación”


El representante de la Iglesia católica manifestó sentirse honrado y alegre por poder expresar el mensaje y el llamado que el papa Francisco envió a Venezuela “por la paz y el diálogo”.

Caracas, jueves, 27 de febrero de 2014.- El Nuncio Apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, intervino la noche de este miércoles en la instalación de la Conferencia Nacional por la Paz en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores.

Procedió a leer el mensaje del Santo Padre.

“Sigo con particular preocupación todo cuanto está sucediendo estos días en Venezuela. Deseo vivamente que cesen lo antes posible las violencias y hostilidades y que todo el pueblo venezolano a partir de los representantes políticos e institucionales, actúen para favorecer la reconciliación nacional a través del perdón recíproco y un diálogo sincero respetuoso de la verdad y de la justicia, capaz de afrontar temas concretos para el bien común”, expresó el arzobispo de origen italiano al leer el comunicado enviado por el sumo Pontífice.

“Mientras aseguro mi constante y férvida oración, en particular por los que han perdido la vida y por sus familias, invito a todos los creyentes a elevar súplicas por la materna intersección de Nuestra Señora de Coromoto para que el país vuelva lo antes posible a la paz y a la concordia”, finaliza el texto.


miércoles, 26 de febrero de 2014

FRANCISCO pide un perdón recíproco y un diálogo sincero en Venezuela



"Sigo con particular preocupación lo que está sucediendo en estos días en Venezuela. Anhelo vivamente que cesen cuanto antes las violencias y hostilidades y que todo el pueblo venezolano, empezando por los responsables políticos e institucionales, no escatimen esfuerzos para favorecer la reconciliación nacional, a través del perdón mutuo y del diálogo sincero, en el respeto de la verdad y de la justicia, capaz de afrontar temas concretos para el bien común. Al tiempo que aseguro mi constante y ferviente oración, especialmente por aquellos que perdieron la vida en los enfrentamientos y por sus familiares, invito a todos los creyentes a elevar súplicas a Dios, por intercesión materna de Nuestra Señora de Coromoto, para que el país vuelva a encontrar pronto la paz y la concordia".

El Vaticano, 26 de febrero de 2014.- El papa Francisco lanzó el miércoles en la Plaza San Pedro un llamado a los responsables políticos y al pueblo venezolano, mayoritariamente católico, para que predominen “el perdón recíproco y un diálogo sincero”.

“Yo espero vivamente que cesen lo antes posible las violencias y las hostilidades y que todo el pueblo venezolano, comenzando por los responsables políticos e institucionales, se movilicen para favorecer la reconciliación nacional”, agregó el Papa argentino durante la audiencia general, refiriéndose a las tres semanas de protestas que dejaron por lo menos 14 muertos y 140 heridos.
Esta reconciliación nacional “debe hacerse a través del perdón recíproco y de un diálogo sincero, respetuoso de la verdad y de la justicia, capaz de enfrentar los temas concretos para el bien común”, recomendó.
“Mientras les aseguro mi plegaria constante y ferviente, en particular por los que han perdido la vida en los enfrentamientos y por sus familias, invito a todos los creyentes a elevar súplicas a Dios, para que interceda maternalmente Nuestra Dama de Coromoto, y que el país recupere rápidamente la paz y la concordia”, agregó.
Se trata de un llamado particularmente largo, en comparación con los que hace habitualmente ante otros conflictos.
El primer Papa latinoamericano interviene muy poco en las cuestiones de su continente, como si estuviera atento a su papel de pastor universal.
En junio pasado, Francisco recibió al nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez. Con él habló sobre “la contribución decisiva” y “la presencia histórica” de la Iglesia católica.
En noviembre, el jefe de la oposición venezolana, Henrique Capriles, fue a pedir al sumo pontífice que intercediera en favor del diálogo político ante las “amenazas” y el “chantaje” del “régimen” del presidente Maduro.
Hugo Chávez, muerto en febrero de 2013, era muy creyente, como muchos venezolanos, pero su política socialista y nacionalista era cuestionada por los conservadores católicos.

lunes, 24 de febrero de 2014

Iglesia Venezolana pide al gobierno “un diálogo que reconozca los problemas del país”



La Iglesia Católica puede jugar importante papel de mediadora en la crisis de Venezuela. A través de los sacerdotes, obispos y laicos, sigue llamando a la calma y a la no violencia; pero los jóvenes manifiestan cada vez con más fuerza contra el gobierno, cuyas excesivas respuestas han generado más de 10 personas fallecidas, centenares de heridos y detenidos. Mientras tanto, en los supermercados y otros expendios, la comida y medicamentos escasean.

Ramón Antonio Pérez
@GuardianCatolic

Caracas, 24 de febrero de 2014.- La mediación de la Iglesia católica es una de las salidas que se visualizan para solventar la crisis política, social y económica que vive Venezuela, y cuya realidad supera a la fecha una decena de fallecidos, centenares de heridos y detenidos como consecuencia de las manifestaciones públicas que desde el 12 de febrero pasado, se están dando en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero la realidad venezolana también está infestada por la paralización industrial y comercial en varias regiones; por la inocultable escasez de alimentos y medicamentos; la galopante inseguridad ciudadana que no toma receso pese a los planes implementados; por la propia inestabilidad del gobierno con rumores cada vez más fuertes acerca de la división entre sus líderes; las amenazas contra dirigentes y personalidades de la oposición; y además, la detención del dirigente político Leopoldo López con acusaciones insostenibles por la Fiscalía, entre otros aspectos.

¿Qué se necesita para que la Iglesia sea mediadoras en este conflicto?

Al centro el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón Sánchez en distintas ocasiones ha manifestado la disposición de la Iglesia católica para fomentar el diálogo.
En esta etapa del conflicto, en la que no se ha llegado a una guerra interna, lo ideal es que la solución provenga de los mismos venezolanos y no de instancias internacionales. La experiencia luego de 15 años de intolerancia, indica que tales instancias en muchas ocasiones han volteado la mirada para otra parte.

Solo los venezolanos garantizarían la paz y resolverían las diferencias, y una de las institucionales nacionales creíbles para esto es la Iglesia católica.

Para que la Iglesia sea la mediadora en este conflicto tendría que provenir del deseo de las partes en conflicto, en este caso del Gobierno y la Oposición como primeras instancias de decisión. Luego, es importante que se incluyan a factores como los estudiantes universitarios, empresarios y gremios. Una agenda común, elaborada por las partes, que encamine el proceso de paz y reencuentro de los venezolanos, sería la vía. 

LA PALABRA DE LA IGLESIA

En fecha reciente el Cardenal Jorge Urosa Savino, exhortó al presidente Nicolás Maduro a reconocer los graves problemas del país, vista la ola de protestas que ha dejado tras de sí muertos y heridos. Uno de los aspectos que solicitó fue: “desarmar a los colectivos, porque son personas civiles sin la capacidad constitucional y legal de portar armas”.

Los medios informativos nacionales e internacionales recogieron las expresiones del Arzobispo de Caracas en las que valoró la disposición al diálogo por parte del gobierno y la oposición. “El gobierno se ha mostrado dispuesto al diálogo con la oposición”, dijo.

“El diálogo sería un gran paso, pero por otra parte es necesario que se reconozca que hay muchos problemas graves en el país y que deben ser resueltos, la solución la tiene en sus manos el gobierno nacional”, dijo el Cardenal. “La responsabilidad mayor es de quienes tienen más poder, de tal manera que está en el gobierno, que es quien tiene que dar los pasos”, afirmó el Cardenal Jorge Urosa Savino.

UROSA: “Hace falta calma y cordura de los dos sectores, Gobierno y oposición”

El Padre José Palmar del estado Zulia insigne opositor de lo que es llamado el Socialismo del Siglo XXI, se observa realizando una actividad religiosa en una plaza pública, luego sufrió una arremetida por parte de funcionarios de seguridad y/o colectivos violentos allegados al sector oficialista.
El 16 de febrero, poco después de que se produjeran los primeros sucesos de violencia, el Cardenal Urosa, hizo un llamado los líderes políticos del gobierno y la oposición, a unirse en serenidad para luchar contra la violencia en las ciudades. Y, refiriéndose a  los hechos ocurridos en Caracas el 12 de febrero, que dejó un saldo de 3 personas fallecidas, exhortó a la Fiscalía averiguar “a fondo” lo que ocurrió.

El Arzobispo de Caracas cree que hay que atender las solicitudes de los ciudadanos. “Hay que atender los justos reclamos que hacen estos jóvenes, escuchar, implementar mesas de diálogo con los sectores que protestan no solo los estudiantes, para que las acciones de contención no sean las únicas que se tomen en cuenta”, dijo.

“Nosotros deploramos la muerte de esas tres personas, me duelen, porque son de mi iglesia de Caracas, que murieron en medio de esta confusión”. “Hay que averiguar a fondo lo  que está pasando y eso ha sido reconocido por funcionarios del Gobierno, la manifestación del 12 culminó sin violencia, fueron grupos que llegaron después para hacer esos destrozos y funcionarios que vi en un vídeo disparando”.

De igual manera, el Cardenal Urosa ha citado una reciente declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en la que los obispos exhortan al gobierno a afrontar las “justas reclamaciones y exigencias” de los estudiantes que protestan. Recordó que el derecho a manifestar está consagrado en la Constitución subrayando que “las manifestaciones deben ser pacíficas pero cuando haya que custodiarla y contenerla tiene que hacerse sin excesos”.

Fiel a su vocación y naturaleza de paz, la Iglesia católica a través de los sacerdotes, obispos y movimientos de laicos organizados, sigue llamando a la calma y a la no violencia, pero el aumento de los jóvenes en las calles parece ser una invitación a manifestar con más fuerza contra el gobierno y sus hasta ahora fuerzas represivas: Guardia y Policía Nacional Bolivariana, además de los llamados “colectivos”, que llegan disparando a distintos lugares de concentración opositora.

La realidad diaria con que se tropiezan los venezolanos en los supermercados y otros expendios, es la escasez de productos alimentos y medicamentos, así como atención deficiente en centros de salud, y la inseguridad ciudadana; todo ello en un escenario de desvalorización de la moneda e inflación que no permite mayores cosas.


CONCLUSIÓN

Venezuela tiene brotes de violencia en diferentes ciudades. Persisten los llamados a protestas por parte de estudiantes y algunos grupos políticos de la oposición. A cada llamado a marcha de la oposición el gobierno también convoca a sus seguidores, una estrategia implementada desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, y continuada con a etapa de Nicolás Maduro, posiblemente, la estrategia sobre la que se asienta ésta marcada diferencia e intolerancia de las dos grandes partes humanas que conforman a Venezuela. 

Oficial de la GUardia Nacional golpea con casco a una ciudadana durante prostestas en Valencia

Valencia, 24 de febrero de 2014.- “Una mujer fue brutalmente golpeada por efectivos de la Guardia Del Pueblo mientras disipaban una protesta este lunes en la urbanización La Espiga de Oro, La Isabelica. 

Luego de recibir golpes tanto de mujeres como hombres uniformados, la joven fue finalmente detenida. Un hombre mayor también fue golpeado por los uniformados”, según reseña el diario El Carabobeño. 

Sobre este mismo caso la La Patilla coloca imágenes del reportero Wilfredo Hernández de El Carabobeño, siguiendo este enlace, en el que se evidencia la brutal represión contra los manifestantes.

Se aprecia la arremetida de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela contra ciudadanos que protestaron en esta ciudad, especialmente una funcionaria de la GNB se quita el caso y con este golpea a una señora mientras la sostiene entre sus piernas y contra el piso.

GNB-cascos1
GNB-cascos2
GNB-cascos

Human Rights Watch condena abusos, persecución política y censura en Venezuela



Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han empleado fuerza ilegítimamente y cometiendo excesos contra manifestantes en múltiples ocasiones desde el 12 de febrero de 2014, lo cual incluyó golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas, señaló hoy Human Rights Watch.

El gobierno ha censurado a medios de noticias al interrumpir la señal de un canal de televisión por cable y amenazar con perseguir penalmente a medios de comunicación privados por informar sobre los sucesos violentos. El Presidente Nicolás Maduro anunció el 20 de febrero que había comenzado el procedimiento para sacar del aire a CNN en Venezuela y según informó un sindicato de trabajadores de la prensa el 21 de febrero, el gobierno ya habría quitado las credenciales a la corresponsal de CNN en Caracas. Periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sufrido actos de violencia e intimidación por parte de agentes o partidarios del gobierno.

“El gobierno venezolano ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Al menos 3 manifestantes murieron por heridas de bala y decenas han sufrido heridas desde el 12 de febrero.

El gobierno de Maduro ha señalado a líderes de oposición como responsables de la violencia. Leopoldo López, una de las más prominentes figuras de la oposición, fue arrestado el 18 de febrero de 2014 y la justicia dispuso su prisión preventiva el 20 de febrero. También se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, otro líder del partido político de López, según reportes de prensa. El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen estos hombres con la comisión de delitos.

Varios gobiernos de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, al igual que aliados internacionales como Siria e Irán, han expresado su apoyo al gobierno de Maduro y repudiado los acontecimientos que el gobierno califica de intentos por desestabilizar al país.

“Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles”, comentó Vivanco.

Las conclusiones de Human Rights Watch sobre los acontecimientos recientes en Venezuela se describen con mayor detalle al final de este comunicado de prensa.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

Human Rights Watch ha recibido múltiples denuncias serias de defensores locales de derechos humanos que indican que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado o disparado a manifestantes que no estaban armados desde el 12 de febrero, tanto en Caracas como en otras partes del país.

Un video publicado en Internet por el periódico Últimas Noticias muestra imágenes tomadas en Caracas de policías uniformados y hombres de civil que parecen disparar municiones contra manifestantes que intentan escapar del lugar, entre ellos el joven de 24 años Bassil Da Costa, quien fue captado en el momento preciso en que su cuerpo cae al piso tras sufrir una herida de bala fatal en la cabeza.

El uso de municiones por las fuerzas de seguridad solamente resultaría lícito según el derecho internacional cuando esté dirigido a actores que representen un riesgo inminente para la vida o la integridad de miembros de las fuerzas de seguridad o terceros. Existen grabaciones de video donde se evidencia que manifestantes opuestos al gobierno participan en actos de violencia y vandalismo, como arrojar piedras a policías. Sin embargo, el gobierno no ha mostrado —ni tampoco Human Rights Watch pudo encontrar luego de revisar decenas de videos publicados en línea— imágenes donde se vea a manifestantes opositores que lleven armas de fuego o empleen fuerza letal contra miembros de las fuerzas de seguridad o terceros.

Todas las versiones disponibles de testigos presenciales indican que la gran mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, y que quienes cometieron actos de violencia o vandalismo no llevaban armas de fuego ni utilizaron la fuerza letal contra las fuerzas de seguridad ni terceros.

Diversos defensores locales de derechos humanos también denunciaron que muchos manifestantes han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello examinó más de 90 casos de manifestantes detenidos, entrevistando tanto a los detenidos como a sus familiares, y determinó que muchos habían sufrido abuso físico o amenazas de golpizas o violación sexual por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La mayoría permanecieron incomunicados y no fueron llevados ante un juez dentro del plazo de 48 horas exigido por la ley.

Todos los manifestantes que hayan participado en violencia o vandalismo deberían rendir cuentas por sus actos, pero en ningún caso es admisible ni lícito que se dispare a personas que no están armadas o se golpee a quienes han sido detenidos.

La respuesta del gobierno

La respuesta inmediata del gobierno de Maduro a la violencia del 12 de febrero fue señalar como responsables a Leopoldo López y otros líderes de oposición. El Vicepresidente Elías Jaua declaró que López era el “autor intelectual” de los asesinatos, y muy poco después un juez dispuso su detención. El gobierno no ha difundido evidencias creíbles para justificar estos señalamientos.

Según reportes de prensa, López se encuentra en prisión preventiva mientras la fiscalía determina si existen pruebas suficientes para acusarlo por diversos delitos, incluido el de “instigación a delinquir” y el de “asociación”. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo define de manera muy poco precisa al delito de “asociación” como “formar” parte de un grupo de delincuencia organizada”, y prevé para este una pena de hasta 10 años de prisión.

También Vecchio está siendo investigado por su presunta responsabilidad en estos delitos, conforme se indicó en los medios. El 20 de febrero, según la prensa, grupos afines al gobierno pidieron a la Asamblea Nacional que levantara la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, una integrante de ese órgano legislativo que mantiene una postura abiertamente crítica frente al gobierno.

El 16 de febrero, después de que Últimas Noticias publicara el video de los disparos contra manifestantes, el Presidente Maduro declaró en cadena nacional que miembros de la policía de inteligencia (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) que se ven en el video no habían respetado su instrucción de acuartelarse el día en que ocurrieron los disparos. El 17 de febrero, según reportes de prensa, un miembro de la policía de inteligencia fue detenido por participar en los eventos del 12 de febrero y el gobierno destituyó al director de esta fuerza. El gobierno no ha indicado que miembros de la policía de inteligencia u otras fuerzas de seguridad estén siendo investigados por abusos contra civiles.

El 18 de febrero, según trascendió en los medios, la Fiscalía General de la República identificó a Jonathan Rodríguez como uno de los hombres no uniformados en el video de Últimas Noticias e indicó que era sospechoso en dos de las muertes por disparos ocurridas el 12 de febrero. En ese momento, las autoridades aún no habían determinado si era miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

En el video, ninguno de los policías uniformados o guardias nacionales que aparecen en la vía pública próximos a Rodríguez intentó detenerlo cuando disparó su arma, ni impedir que se retire luego de haber disparado.

Grupos de civiles armados afines al gobierno

Génesis Carmona se encontraba en una de las manifestación en Valencia, se perdió entre la multitud y recibió el fatal disparo.
La organización local de derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha documentado evidencias de que el gobierno de Venezuela ha tolerado y estimulado la presencia de grupos de civiles armados en el país. Estos grupos han intimidado a manifestantes y promovido incidentes violentos durante manifestaciones en distintas regiones del país desde el 12 de febrero, según indica la organización de derechos humanos.

El Presidente Maduro expresó el 15 de febrero que no “acept[a] grupos violentos en el campo del chavismo y la Revolución” y que solamente las Fuerzas Armadas deberían portar armas de fuego. A pesar de que estos grupos armados de civiles han operado abiertamente durante años, el gobierno no ha adoptado medidas efectivas para desarmarlos.

Según diversos medios, el 18 de febrero ocho manifestantes recibieron disparos, una de ellos con consecuencias fatales, cuando un grupo de hombres vestidos de civil que se trasladaban en motocicletas abrieron fuego contra una manifestación en Valencia.

Defensores de derechos humanos

También diversos defensores de derechos humanos venezolanos han informado actos de intimidación y violencia. Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, dijo a Human Rights Watch que en la noche del 12 de febrero, cuando salía de su oficina, fue secuestrado por aproximadamente 20 hombres vestidos de negro que tenían el rostro cubierto. Según indicó, fue trasladado en una motocicleta sin placas hasta una zona de Caracas que presuntamente es controlada por grupos armados afines al gobierno. Rodríguez dijo que los hombres lo retuvieron durante dos horas, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo interrogaron acerca del trabajo de derechos humanos que lleva a cabo en Provea. Señaló que los hombres no se identificaron en ningún momento, pero Rodríguez notó que el líder del grupo empleaba lenguaje policial y escuchó conversaciones que sugerían que los hombres estaban en contacto con fuerzas de seguridad.

El 13 de febrero, el Ministro del Interior y Justicia Manuel Rodríguez Torres acusó a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental local que monitorea las condiciones penitenciarias en el país, de organizar un plan para “generar ingobernabilidad en todas las cárceles del país y potenciar la matriz de violencia...”. El Ministro Rodríguez Torres afirmó que los sucesos violentos del 12 de febrero fueron el resultado de planes orquestados durante 2012 por Prado y “bandas fascistas” con el propósito de “llevar a Venezuela a una guerra civil”.

No es la primera vez que funcionarios gubernamentales procuran desacreditar a Prado acusándolo de intentar socavar la democracia venezolana. Luego de que Prado criticara en junio de 2011 la actuación del gobierno durante un motín en una prisión venezolana, el entonces ministro de justicia lo acusó de intentar “desestabilizar el sistema penitenciario” y el vicepresidente en ese momento afirmó que la crítica era parte de una estrategia para “desestabilizar el país”.

Ataques contra periodistas

Diversos periodistas que informaron sobre las protestas y los hechos de violencia relacionados han señalado haber sido detenidos y agredidos físicamente por miembros de fuerzas de seguridad y manifestantes afines al gobierno desde el 12 de febrero. Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea la libertad de prensa en Venezuela, ha documentado 17 casos de periodistas que fueron detenidos, agredidos o ambos entre el 12 y el 16 de febrero. Entre estos se incluyen:

  • RAFAEL HERNÁNDEZ, fotógrafo de la revista Exceso, quien señaló haber sido detenido por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 12 de febrero, luego de tomar una fotografía de un policía mientras golpeaba a una mujer. Hernández fue retenido durante nueve horas y golpeado en varias oportunidades por agentes del CICPC, informó Espacio Público. Su cámara fue confiscada por la policía.

  • JUAN PABLO BIERI, periodista colombiano del canal de noticias Red Más Noticias informó haber sido detenido por la Guardia Nacional el 16 de febrero y retenido durante una hora dentro de un vehículo militar, donde fue interrogado y golpeado.

  • MARIANA CADENAS, reportera de la agencia internacional de noticias Agence France-Press, indicó a Human Rights Watch que el 12 de febrero un hombre con vestimenta roja le quitó su cámara, en la cual había registrado imágenes de manifestantes mientras eran detenidos y golpeados. El hombre, y otras 10 personas que lo acompañaban, gritaron a la periodista calificativos como “fascista” y “golpista”. Dijo que aproximadamente 40 miembros de la Guardia Nacional que se encontraban a unos 30 metros de distancia presenciaron el incidente pero no intervinieron. Cuando les pidió ayuda, uno de ellos se negó, y otro dijo: “¿Ustedes no sabían a lo que se iban a enfrentar?”.

Censura de medios de noticias

El 11 de febrero, William Castillo, director de CONATEL, el órgano del Estado que regula a los medios de transmisión, advirtió a los medios de comunicación que la cobertura de incidentes violentos podía importar una violación de la Ley de Responsabilidad Social. Castillo hizo referencia al artículo 27 de la ley, que fue sancionada por la Asamblea Nacional chavista en 2004 y luego reformada en 2010. El artículo otorga al gobierno amplias facultades para sancionar a medios privados que difundan contenidos que, a criterio del gobierno, “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas [o] políticas”.

El 12 de febrero, el gobierno dispuso que los proveedores de televisión por cable del país dejaran de transmitir el canal internacional de noticias NTN 24. El Presidente Maduro indicó al día siguiente que la orden había sido una “decisión de estado” en respuesta a la difusión de las protestas por el canal, por considerar que procuró “transmitir la zozobra de un intento de golpe”.

El 13 de febrero, el Presidente Maduro dio instrucciones a su Ministra de Comunicaciones e Información Delcy Rodríguez para que “tomar[a] medidas” contra corresponsales deAgence France-Press por haber “distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero”.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano limitó la posibilidad de que los usuarios de Twitter obtuvieran imágenes, conforme señaló un representante de Twitter, Inc. a Bloomberg News.

El 16 de febrero, la Ministra Rodríguez señaló que en la prensa nacional e internacional se habían publicado “fotografías manipuladas” en el marco de la cobertura de la violencia, que esto constituía un delito y que el gobierno “tomará acciones judiciales”. Los ejemplos que ofreció incluían el uso de una fotografía de Egipto en un blog del periódico españolABC y el uso de una fotografía de 2010 en un mensaje de Twitter del periódico venezolano Tal Cual para representar los acontecimientos actuales en Venezuela. La ministra también se refirió al uso en el periódico argentino Clarín y el periódico chileno El Mercurio de una imagen de dos policías venezolanos frente a un automóvil en llamas, la cual reconoció que había sido tomada durante las actuales protestas pero, según afirmó, generaban una falsa impresión con respecto a la actuación de los agentes.


El 20 de febrero, el Presidente Maduro anunció que su gobierno había iniciado un proceso administrativo para terminar con la transmisión del canal internacional CNN en Venezuela por la cobertura que realizó de las protestas y la violencia. El 21 de febrero, un sindicato de trabajadores de la prensa reportó que el gobierno había cancelado las credenciales de la corresponsal de CNN en Caracas.

************************************ 



El Cardenal Urosa pide tomar medidas frente al accionar de “grupos armados”


“Yo no entiendo por qué esos grupos armados están actuando de manera libre, impunemente, cuando el control de las armas lo tiene el gobierno”.

Trabajo publicado 

“Hay muchos grupos armados que parecen no pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado. Yo no entiendo por qué esos grupos armados están actuando de manera libre, impunemente, cuando el control de las armas lo tiene el gobierno. El gobierno tiene que meter en cintura a estos grupos”, reclamó el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

El purpurado consideró “necesario que se averigüe y se detenga a esas personas que han actuado con violencia, con armas de fuego”.

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que tome medidas frente al accionar de “grupos armados” durante las manifestaciones opositoras en Venezuela, que ya provocó al menos cuatro muertos. 

“Hay muchos grupos armados que parecen no pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado. Yo no entiendo por qué esos grupos armados están actuando de manera libre, impunemente, cuando el control de las armas lo tiene el gobierno. El gobierno tiene que meter en cintura a estos grupos”, sostuvo el prelado en declaraciones al canal Globovisión. 

“No es posible que haya habido ocho o nueve heridos en Valencia y una muchacha muerta de una manera vil simplemente porque un grupo armado atacó una manifestación pacífica”, agregó.
El Cardenal Urosa consideró “necesario que se averigüe y se detenga a esas personas que han actuado con violencia, con armas de fuego".


Artículo publicado originalmente por AICA 


VideoBar

Este contenido todavía no está preparado para las conexiones cifradas.