Venezuela y un posible juicio por crímenes de lesa humanidad

Foto cortesía de Francisco Touceiro

La Corte Penal Internacional recibirá testimonios para evaluar su apertura

 

Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela | Oct 04, 2017

El comité de familiares de los presos políticos y víctimas de la represión en Venezuela no descansa. A pesar del duro momento que significa perder a un familiar o tenerlos enfermos y confinados injustamente en unos calabozos de condiciones infrahumanas, insisten en llevar sus casos a los organismos multilaterales, para que evalúen la posible apertura de juicio al Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Por tercera semana consecutiva, los testimonios de estos familiares fueron presentados públicamente a los medios. Sus historias formarán parte de un informe que será entregado este mes a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Corte Penal Internacional (CPI), dijo el especialista en derechos humanos, Fernando Fernández.

“El objetivo es complementar la investigación sobre la existencia de posibles crímenes de lesa humanidad en el país”, acotó el abogado durante la ronda de testimonios.

Neomar murió impactado por lacrimógena

Foto Cortesía de Francisco Touceiro

Zugeimar Armas, madre del joven de 17 años, Neomar Lander, quien fue asesinado durante una manifestación el 7 de junio pasado, fue una de las personas que con testimonio conmovió a los asistentes. 

“Mi hijo falleció al ser impactado por una bomba lacrimógena disparada a poca distancia por un funcionario policial”, señaló.

A pesar de que su hijo llevaba un chaleco casero, este no impidió que el lado derecho del tórax de Neomar se resintiera, sufriendo la fractura de varias costillas, quemadura con hemorragia masiva y lesión en el pulmón derecho, entre otras contusiones.

“Como madre todavía no puede creer que mi hijo de 16 años haya muerto de esa manera”, dijo sin ocultar el profundo dolor que le ha llevado a formar parte de este comité junto a otras madres y la activista de los derechos humanos Lilian Tintori. “Neomar siempre iba conmigo a las marchas, nunca iba solo”, refirió Armas.

Explicó que ese día, la represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana fue muy fuerte y tuvieron que dispersarse. “Comenzamos a buscar a Neomar y nada, yo decía no me puedo ir sin él. Pasó el tiempo y recibimos una llamada. Una amiga nos dijo que Neomar había muerto y que el video donde lo matan estaba en todas las redes sociales. Cuando lo hirieron lo trasladaron a la Clínica El Ávila, llegó sin signos vitales”.

Considera que si Neomar murió por una bomba lacrimógena o por un mortero como dice el gobierno, el único responsable es Nicolás Maduro. “Hasta el momento, el Ministerio Público aún no ha terminado las investigaciones y ni siquiera han llamado a declarar a los policías que dispararon bombas lacrimógenas justo en el momento en el que matan a mi hijo”, dijo apesadumbrada, pero exigiendo justicia.

Más casos, más violaciones

Foto cortesía Francisco Touceiro

Entre otros testimonios, estuvieron los relatados por Cecilia de Sousa, Odalys Bermúdez y Luz Lara, familiares de los presos políticos Juan Miguel de Sousa, el sargento Rubén Augusto Bermúdez y Yon Goicoechea, respectivamente.

Cecilia relató cómo han sido el encarcelamiento de su hermano y la situación actual de salud por la que atraviesa. “Mi hermano estuvo en La Tumba, una celda a 15 metros de profundidad, sin luz solar. Solo salía a la superficie 15 minutos a la semana, porque los tenían aislados. Juan Miguel requirió servicios odontológicos y se los negaban”.

Durante mucho tiempo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política del Gobierno),  hizo caso omiso a las solicitudes de servicios médicos, hasta que el urólogo de la cárcel solicitó una biopsia debido a un posible cáncer. 

“Hoy, a pesar de que mi hermano está en el Hospital Militar padeciendo cáncer de próstata, no ha podido recibir quimioterapia porque no hay tratamiento en el país”.

Odalys Bermúdez, hermana del sargento Rubén Augusto Bermúdez, expresó que cuando a su familiar lo presentaron ante los tribunales, tenía 15 días sin aseo personal y sin comida. 

Luego lo llevaron de Maracay (estado Aragua) a la cárcel de Ramo Verde (Miranda) donde estuvo hasta el mes de mayo de este año, ahora está en la cárcel 26 de julio en Guárico. “Necesita una cirugía en el ojo y hasta la fecha no han dado respuesta. Nosotros pedimos su libertad porque no ha cometido ningún delito”.

En nombre de Yon Goicoechea, preso desde hace un año y un mes, habló su madre, Luz Lara. Dijo que Yon estuvo en “El tigrito”, una celda de 1 metro por metro y medio, “sin luz y con bolsas negras en las ventanas para que no pudiera ver hacia afuera”.

Luego de ser presentado, duró 8 meses en un área del Sebin sin ver el sol. “Posteriormente, fue trasladado a una celda con 4 personas, donde no se sabe si es de día o de noche”. Actualmente, Goicoechea, tiene boleta de excarcelación, expedida por un el tribunal que le dio libertad plena. “Tiene un sobreseimiento, pero sigue preso”.

El abogado Fernando Fernández indicó que crímenes como los narrados están estipulados en el Estatuto de Roma. 

“Cualquiera de los actos que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, cuya característica y naturaleza “ofenda y agravie a la humanidad en conjunto”, deben ser sancionados de acuerdo con el Estatuto”, aseguró.