En
2015 más de 250 personas fueron ajusticiadas por los cuerpos de seguridad;
denuncian persecución policial contra los pobres, dice PROVEA en su Informe
“El Ministerio
Público abrió una averiguación a ocho Policías del estado Aragua tras
difundirse un video en el que se visualiza como tres funcionarios bajan de un
vehículo en donde se encontraba una de las víctimas, se escucha una detonación
de arma de fuego y la víctima cae al suelo, luego se escuchan más disparos y se
observó uno de los policías echándole agua a tres víctimas que estaban tirados
en el suelo”.
Esta descripción
es una de las muchas historias de personas inocentes que estarían entre los más
de 250 venezolanos fallecidos durante los Operativos de Liberación del Pueblo,
OLP, que desde julio de 2015, puso en práctica el gobierno de Nicolás Maduro.
Ocurrió 18 de
agosto de 2015, en la calle I, de la Zona Industrial I del estado Aragua. La
víctima se llamaba Nicolás Manuel Salgado Silva, de 35 años de edad; y la
versión oficial dice que “murió en un enfrentamiento” con la policía.
El testimonio
está recogido en la versión digital del Informe
Anual
(enero – diciembre) del Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos
Humanos, PROVEA, donde se da a conocer el balance de la situación de los derechos
humanos en Venezuela, desde la perspectiva de esta organización no
gubernamental.
Inti Rodríguez,
coordinador de investigación de PROVEA, presentó el Informe físico este 20 de
julio, en la comisión de derechos humanos que dirige Pedro Arturo Moreno en la
Central de Trabajadores de Venezuela, CTV; pero antes, habló para Aleteia.
Junto a la también activista por los derechos humanos, abogada Susana Rojas, explicó que este informe lo publican desde hace 28 años de manera consecutiva.
OLP son ajusticiamientos
“El gobierno de
Nicolás Maduro se ha convertido en una gestión incapaz de garantizarle los
derechos humanos a los venezolanos, y lamentablemente en el Informe de PROVEA
del año 2015, hemos recogido las cifras más negativas en la historia reciente
de Venezuela como se evidencia en los OLP, que son una razzia contra los
pobres”, dijo.
“Estos
operativos dejaron más de 250 personas ejecutadas por los cuerpos de seguridad
en la supuesta intención de combatir a la delincuencia, pero esta cifra ha sido
superada en 2016 por los registros que se llevan hasta la fecha”, señaló
Inti.
De igual manera,
indicó que PROVEA ha denunciado que con la aplicación de este operativo
policial-militar, se dio inicio a “una represión generalizada”, porque “llevó
más sufrimiento a las barriadas populares, incrementó las ejecuciones
policiales, las detenciones arbitrarias y los allanamientos ilegales”.
OLP son desahucios
Un problema
adicional vinculado con la OLP, refiere el coordinador de Provea, es que
durante su ejecución, 976 viviendas situadas en comunidades populares fueron
destruidas de forma ilegal y arbitraria por los funcionarios de seguridad.
En ese orden, 1421
personas beneficiarias de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fueron
desahuciadas y desalojadas forzosamente; se produjeron 15 mil allanamientos
ilegales en viviendas y los funcionarios incendiaron 10 viviendas durante los
operativos.
Esto se produjo
“luego que el Presidente Maduro alentara actos de criminalización de familias
en cuyos núcleos, uno de sus integrantes estuviera presuntamente vinculado a la
comisión de hechos punibles”, cita del Informe 2015.
Efectivamente,
la señora Omaira del Carmen Ramírez, una de las víctimas, cumplió este 19 de
julio cinco meses sin que el Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie sobre
la admisión de la Acción de Amparo Constitucional instruido contra el ministro
del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz, Gustavo González
López.
El ministro, responsable
de la aplicación de los OLP, está señalado por haber violado por vía de hecho y
con violencia el derecho constitucional a una vivienda digna de la señora Ramírez
y sus dos hijos. Fueron víctimas de un desalojo arbitrario el pasado 24 de
agosto de 2015, durante uno de estos operativos en Tanaguarena, estado Vargas.
Inti Rodríguez
sostiene que “nunca antes en Venezuela ningún operativo de seguridad ciudadana había
violado tanto las garantías del derecho a la vivienda como estos OLP”.
Sin
embargo, dice finalmente que “lo importante de todo este registro histórico, es
que los
ciudadanos y las comunidades se deben convertir en sus propios protagonistas y
empujar la puesta en práctica de sus derechos constitucionales”.
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