La eventual decisión
ya la había advertido el diputado Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea
Nacional (AN) el pasado 7 de abril.
“El Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) prepara una sentencia para declarar como ‘inconstitucionales’
las leyes que sean aprobadas por la mayoría opositora del Parlamento
venezolano”, expresó Ramos Allup en esa oportunidad.
Así se cumplió este
11 de abril cuando la Sala Constitucional del poder judicial venezolano declaró
la “inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación
Nacional”, sancionada por la mayoría opositora el 29 de marzo de 2016.
La fecha no podía ser
menos emblemática: 11 de abril, cuando se cumplieron 14 años de los fatídicos
hechos de 2002 que alejaron del poder al entonces presidente Hugo Chávez.
La Corte Suprema del
momento sentenció que se había producido “un vacío de poder”; pero sus
seguidores denunciaban que “fue sacado por un golpe de Estado”. Y un tercer
sector, se decantaba por el “autogolpe para descubrir y excluir del entorno
presidencial a militares y políticos adversos” del “proceso revolucionario”.
Además de ese marco
político, la sentencia deja tras de sí una estela de sospechas sobre la
imparcialidad de los magistrados, si se toma en cuenta que fueron
denunciados por ser nombrados fuera de los lapsos legales, y en las últimas
horas del pasado Parlamento, para torpedear las propuestas de la nueva mayoría
parlamentaria.
La Ley de Amnistía y
Reconciliación Nacional era considerada una primera etapa para acabar con la
segregación y acoso político que afecta a dirigentes políticos y a miles de
venezolanos que han sufrido persecuciones penales, administrativas y laborales
en virtud de su postura crítica con el gobierno nacional socialista.
El gobierno de Maduro
desde el mismo día de aprobación de esta ley, expresó su rechazo porque supuestamente
iba a proteger “asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas”.
El 7 de abril, el
jefe del Ejecutivo informó que le había solicitado al TSJ declarar
inconstitucional la ley de Amnistía, lo cual para sectores de la oposición
ratificó la falta de independencia de los poderes públicos en
Venezuela.
OEA
Rechaza la sentencia
Delsa Solórzano,
quien presentó el proyecto, ante el rechazo confirmó “lo inconstitucional del
Tribunal Supremo de Justicia”, y prometió: “No descansaremos”.
Luis Almagro,
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó el 6
de abril su apoyo al proyecto de Ley de Amnistía, instando al presidente
venezolano, Nicolás Maduro, a firmarla.
Ante la decisión
expresó que en Venezuela “es clave recuperar equilibrio de poderes
poniendo los intereses y necesidades del pueblo primero”, una clara alusión
a la sentencia sobre la Ley de Amnistía.
Sabiendo las
reacciones que esto generaría en el mundo, el gobierno de Maduro convocó
simultánea a la sentencia una “Comisión de la Verdad”. El objetivo: esclarecer
lo ocurrido en los sucesos de abril de 2002 y febrero de 2014, pero integrada
por afectos a su gobierno y respaldada por el secretario general de la Unión de
Naciones del Sur, Unasur, el colombiano Ernesto Samper. La comisión fue
rechazada por la oposición.
¿Escucharán
la voz de la Iglesia?
El futuro de
Venezuela, de no concretarse un acuerdo político entre las partes, se visualiza
con la posibilidad de la aplicación de la Carta Interamericana Democrática,
como una manera de que el país retorne al redil de los postulados de la OEA.
También estaría
pendiente la concreción de una intermediación de la Iglesia; las palabras del papa Francisco en relación a las “difíciles condiciones” de Venezuela han
sido refrendadas tanto por el Gobierno como por la oposición, a pesar de que la
Iglesia no ha sido convocada oficialmente al diálogo entre las partes.
Así las cosas, queda
en el limbo político el destino inmediato de los presos políticos, cuya cifra se
actualizó recientemente en 115, de los cuales 23 presentan estados críticos de
salud, según informó esta misma semana Solórzano.
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