El apoyo de la Iglesia venezolana -y varias organizaciones humanitarias- impidió que el “escuadrón de la muerte” pasara más allá del amedrentamiento en contra de miembros de Acción Solidaria
Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela
Una descripción en la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), deja sin palabras al más incrédulo sobre lo que ocurre en Venezuela. Mayormente llegan de noche, pero también a cualquier hora del día. En la casa de los “sospechosos” derriban puertas y ventanas. Registran todo. Con disparos limpian de “mirones” la zona, colocando a francotiradores en los techos.
“¡Mosca, llegaron los del FAES!”, alertan los
vecinos viendo por las hendijas a los uniformados que corren por las escaleras.
Llevan armas largas y van vestidos de negro. Usan máscaras también negras y
sobre éstas tienen dibujada la muerte: una calavera que parece decir cuál será
el fin de un detenido.
La sola mención de las FAES,
el cuerpo de élite creado por Nicolás Maduro el 14 de julio de 2017, adscrito a
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), más que seguridad genera temor, zozobra
y muerte en la población, especialmente en los sectores y barrios pobres de
Venezuela. Por la forma letal de sus procedimientos, estos funcionarios han
asesinado a miles de personas –inocentes o sin juicio alguno- luego de simular
enfrentamientos y viciar evidencias. Igual que en las protestas en contra del
gobierno.
Las más diversas organizaciones
de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeras, han denunciado a
las FAES ante organismos multilaterales. El informe de Michelle Bachelet, alta
comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, los
define como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”.
Las cifras de muertes bajo
la figura “resistencia a la autoridad”, son aterradoras de acuerdo con la
actualización presentada en la ONU de
la información recabada entre mayo de 2019 y julio 2020: “La ONG PROVEA informó de 275 asesinatos en el primer trimestre de 2019.
La ONG Monitor de Víctimas reportó 256 asesinatos sólo en Caracas en 2018. La
ONG COFAVIC informó de 3.684 asesinatos en 2017-2018, de los cuales el 28%
podrían atribuirse a FAES/PNB”, cita el documento de la ONU.
Humberto Prado, comisionado
de derechos humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, a finales de julio de
este mismo año, también denunció que las FAES cometieron el asesinato de 1.560
personas entre enero y mayo de 2019. Además, “han incurrido en todo tipo de
crímenes, al momento de generar represión”; y, “el 95% de casos de
tortura evidencian prácticas de violencia sexual”, indica la comisión.
¿Qué buscaba las FAES en Acción Solidaria?
Feliciano Reyna Ganteaume,
presidente de Acción Solidaria, denunció que este 7 de septiembre, a la 1:45 de
la tarde (Hora de Venezuela), “un grupo de miembros de la FAES irrumpieron en
la sede” de esta organización humanitaria “en un procedimiento del cual no tenemos
ninguna información ni conocimiento sobre sus motivos ni propósitos”.
La denuncia la publicó en
su cuenta de Twitter, llamando la atención de
otras ONGs: “Ante esta situación exigimos a los cuerpos presentes en Acción Solidaria
garantizar la libertad” e “integridad física y mental del personal que estaba
realizando su trabajo, así como preservar los insumos y suministros con los que
trabaja la @AccionSolidaria”.
“Estas medicinas e insumos son para atender a las personas que los necesitan para proteger sus vidas y salud. A quienes dictan las órdenes para efectuar este tipo de procedimientos arbitrarios, exigimos el cese de actos de los hostigamientos y abusos...”, indicaba en una serie de mensajes publicados en la red social del pajarito azul.
En efecto, la sorpresiva
acción de las FAES en contra de esta organización, les llevó a detener de
manera arbitraria a 8 personas que trabajan en el Programa de Acción
Humanitaria. Aunque no se contó con la información oficial, otra ONG, PROVEA,
en apoyo a Acción Solidaria publicó que los funcionarios de seguridad
realizaron este operativo por la supuesta “venta de medicinas” y “entrega de
medicinas vencidas”. Algo imposible de creer dado el montaje de expedientes que
practican las FAES.
Pasadas las 10 de la noche,
los trabajadores humanitarios fueron dejados en libertad, ocasión en la que Feliciano
Reyna Ganteaume agradeció a las personas y organizaciones que estuvieron
pendientes de la detención. Informó que este apoyo “generó las respuestas
institucionales urgentes y necesarias para que nuestros colegas estén libres y
para que las medicinas y equipos nos fueran devueltos en su totalidad”.
El apoyo de la iglesia a la organización humanitaria
Que un grupo armado con las
características de las FAES haya ingresado en la sede de una ONG como es Acción
Solidaria, dedicada exclusivamente a ofrecer “atención integral a personas con
VIH, sus familiares, parejas y amigos”, despertó las alarmas en organizaciones humanitarias,
como PROVEA, cuyo coordinador general, Rafael
Uzcátegui, dijo que la presión de la
sociedad civil puede vencer al autoritarismo.
También desde la
Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), se difundió un comunicado firmado por
el cardenal Baltazar Porras en su condición de administrador apostólico de la
Arquidiócesis de Caracas y presidente de Caritas Venezuela; y por parte del
presidente de la comisión de justicia y paz, monseñor Roberto Lückert León.
La CEV rechazó “categóricamente
la violación de derechos y la privación de libertad de los trabajadores
humanitarios”, y denunció el “poco transparente procedimiento aplicado al allanar
la sede de esta ONG”, dedicada a “distribuir medicamentos y asistencia médica a
las personas afectadas por la crisis que vive el país”.
En la nota enviada a Aleteia, se lee: “estas acciones coartan la libertad operativa de los trabajadores humanitarios en el país y los colocan como objetivos de persecuciones y amedrentamiento”. Por tanto, pidieron no criminalizar “las actividades inspiradas en los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario, ni afectar los bienes dirigidos a mitigar las necesidades de auxilio en los ámbitos de salud, alimentación, agua y otros servicios esenciales para la vida de más de 7 millones de personas vulnerables”.
Una de las exigencias hechas por Michelle Bachelet desde el año 2019 ha sido la disolución de este cuerpo policial, pero todavía no ha recibido respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro. “Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para disolución de las FAES, por el contrario, han recibido apoyo del más alto nivel”, se lamentó Bachelet. No la han escuchado, mucho menos a los familiares de las víctimas.
👉 Lo denunció la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para disolución de las FAES, por el contrario, han recibido apoyo del más alto nivel” Septiembre 2019 @mbachelet pic.twitter.com/mdiLWEfblq
— PROVEA (@_Provea) September 7, 2020
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