Desde el 30 de abril, los cuerpos represivos y los “colectivos armados” han asesinado a cinco personas, incluida Jurubith Rausseo por un disparo en la cabeza. En total, son 57 víctimas desde enero de este año
May 03, 2019
Jurubith Rausseo García tenía 27 años. Era una persona trabajadora, de amplia sonrisa y de trato cordial en su trabajo. Vivía en La California junto al esposo y sus hijos: una niña de 3 años y un niño de año y medio. Era una chica llena de vida, de ilusiones y con mucho amor por su joven familia. Una de sus amigas comenta de ella: “nunca la vi triste ni desesperanzada. Le echaba bolas a lo que fuera por sus dos chamos”.
Todo indica que el miércoles 1 de mayo la chica manifestaba con motivo del Día del trabajador, aunque su cauteloso marido dijo a un medio que iba para el trabajo. Al parecer, la duda se genera porque la joven pasaba, como siempre, por las cercanías de la Torre Británica, en Altamira, con rumbo al centro comercial Ciudad Tamanaco, donde trabajaba. Esta vez la zona parecía un campo de batalla, pero con un solo bando armado.
Ella quedó atrapada en medio de gases lacrimógenos que como a todos los que por allí se encontraban les picaban en la piel, resecaban la garganta y cortaban el oxígeno. Era un ambiente de gritos desesperados, de carreras despavoridas y personas desmayadas. Se escuchaban disparos por todas partes. Uno de esos proyectiles le atravesó el cráneo.
“La chica fue auxiliada inmediatamente y llevada de emergencia a una clínica privada, pero no aguantó y murió en el quirófano. Nosotros creemos que su vida realmente acabó al ser abatida por los colectivos”, contaron este jueves 2 de mayo, unos jóvenes que hablaron con Aleteia en la zona. Recordaron que la noche del Primero de Mayo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, “anunció su compromiso de hacer que la muerte de Rausseo, le pesará a quienes dispararon contra el pueblo”.
Para los amigos de la joven asesinada queda la esperanza. “Que tu alma consiga la paz que merece, gracias por pasar por nuestras vidas y darnos la dicha de conocerte Yurubith Rausseo”, escribió Yusleisy Mejías Yépez. “Solo espero que tu muerte no sea en vano y los culpables paguen por este brutal crimen”, acotaba.
La voz profética de la iglesia venezolana
COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ DE LA CEV ANTE LOS SUCESOS VIOLENTOS OCURRIDOS ENTRE LOS DÍAS 30/04 y 02/05 https://drive.google.com/open?id=1_3jAgWc1kHyFGh-8qNOCbcbNny5op1nR …
Jurubith forma parte de las muertes violentas ocurridas desde el 30 de abril y ante las cuales la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) manifestó su preocupación este 2 de mayo. En el listado de víctimas están Samuel Méndez de 26 años, quien fue asesinado en La Victoria, estado Aragua; Joifre Jesús Hernández de 14 años, asesinado en Altamira; y Yosnel Graterol de 16 años, también abatido por los cuerpos represivos en La Victoria. La CEV, con base en información aportada por el Foro Penal Venezolano denuncia que en este lapso hay 240 ciudadanos detenidos y más de 300 heridos.
La iglesia condenó el ataque violento al templo de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal. “Estas acciones de criminalización, violencia y represión suscitadas en las manifestaciones son contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución Venezolana y son violatorias de los tratados internacionales en la materia suscritos por la República”.
Las exigencias de la Iglesia
La CEV por intermedio de la comisión de justicia y paz, exige “tanto a los superiores de la Guardia Nacional, SEBIN, PNB, a los efectivos de estos cuerpos de seguridad y a los llamados colectivos, el debido respeto y garantía de los Derechos Humanos, el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente”, dice el comunicado.
“Solicita que la Asamblea Nacional determine las responsabilidades de estos hechos a fin de que sean tramitadas ante las instancias correspondientes”. Al mismo tiempo, recuerda que “las obligaciones en cuanto al respeto de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a manifestar, al debido proceso y a la libre expresión del pensamiento, son inviolables”.
Por tanto, la CEV recuerda que “cualquier vulneración” a estos derechos “pueden derivar en delitos que son imprescriptibles y “no pueden ser justificados por obediencia debida”. Finalmente, exhorta “al pueblo fiel y a los hombres y mujeres de buena voluntad elevar oraciones por el restablecimiento de la concordia y la fraternidad, por el descanso eterno de los fallecidos, y el consuelo de los familiares de las víctimas”.
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