Ramón Antonio
Pérez // @GuardianCatolic
Caracas, 12 DE OCTUBRE DE 2016
La
falta de información veraz sobre lo que ocurre dentro de la Penitenciaría
General de Venezuela, PGV, y la verdad sobre la muerte de reclusos a consecuencia
de la tuberculosis, son algunas de las denuncias que los familiares plantearon
a la comisión de justicia y paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, que
este 11 de octubre, asistió a la cárcel de San Juan de los Morros, aunque su
ingreso no fue permitido.
“Nuevamente
es motivo de alarma y de pesar la situación de los establecimientos
penitenciarios venezolanos”, dijo la CEV, acerca del recinto carcelario
“en el cual se viene presentando un conflicto interno desde el mes de
Septiembre”.
El
comunicado refrendado por el presidente de la comisión de justicia y paz,
monseñor Roberto Lückert León, y el doctor Saúl Ron Braasch, vicario general,
quien acudió a la PGV en compañía de Janeth Márquez y la hermana María José
González, en representantes de Cáritas Venezuela y Caritas Los Teques,
respectivamente.
Aunque
no pudieron entrar al penal, los
miembros de la comisión sí lograron conversar en las afueras con los familiares
y amigos de los privados de libertad. Conocieron que “sus deudos detenidos y retenidos
son seres humanos, ciudadanos venezolanos, con derecho a ser escuchados,
respetados y que no sean invisibilizados”.
Uno
de los problemas es la falta de información veraz sobre lo que ocurre dentro de la PGV es
una de las denuncias recabadas entre los familiares. “Nadie se ha
abocado a decirnos objetivamente qué ha sucedido y está sucediendo en ese
recinto penitenciario”, expresaron los familiares de los privados de libertad a
la comisión de justicia y paz.
Quieren
la verdad sobre la muerte de recluso a consecuencia de la tuberculosis.
“Dentro
de este centro penitenciario hay presos con tuberculosis, quienes está muriendo
por la falta de atención por parte de los organismos competentes”,
dijeron.
Otros
problemas están vinculados con la prohibición de las visitas, ya que “desde el
comienzo del conflicto no se ha permitido las visitas reglamentaria”. A esto se
agrega “la entrega de alimentos, agua potable y medicinas, de partes de los
familiares a quienes se le ha prohibido las visitas”.
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¿Cárceles
dignas o campos de concentración?, fue el artículo publicado en Aleteia
dando cuenta de que algunos presos han fallecido a causa de tuberculosis,
mientras familiares se mantienen en el recinto “para evitar masacre”
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Igualmente
la comisión episcopal constató que “no se ha cumplido con el debido proceso, al
haberse emitido boletas de excarcelación de Tribunales competentes, en algunas
causas y hasta el presente no se han acatado”.
“Rechazamos
toda forma de violencia de los organismos de seguridad del Estado y del
responsable de la custodia y seguridad personal de las personas privadas de
libertad y de sus familiares”, dice el comunicado, considerando que
tales hechos “llenan de alarma, estupor y angustia a la población reclusa y a sus
familiares”.
La
comisión de justicia y paz del Episcopado hace un llamado a las autoridades “para
que resuelva los problemas del establecimiento penitenciario y garantice
íntegramente los derechos humanos de la población reclusa y de sus familiares”.
La
iglesia advierte a los entes responsables que no pueden “ampararse en
situaciones de pérdida de control interno debidas a su propia omisión e
inacción para ejercer represalias o castigos colectivos que afectan no
solamente a la población reclusa sino también a todos sus grupos familiares”.
Finalmente,
pidieron “atender de manera integral la situación penitenciaria, y con urgencia
a las personas privadas de libertad que presentan enfermedades graves y
contagiosas, garantizar la alimentación y la salud”, así como la atención de
los menores.
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