En muy pocas ocasiones se había
leído una declaración episcopal al final de una Asamblea plenaria como la que
leyeron hace pocas horas los obispos de Venezuela. Las reflexiones y
razonamientos de los religiosos parecen definitivos y perentorios para el Presidente
Nicolás Maduro.
Es cierto que el documento comienza con exhortaciones a la
reconciliación, al dialogo y a la búsqueda de soluciones eficaces para salir de
la terrible crisis que el país sudamericano vive ya desde hace cuatro años,
pero también es cierto que diferentes pasajes del documento no dejan ninguna duda sobre el juicio de la
Iglesia venezolana sobre la situación actual de la nación.
Los obispos no tienen dudas: el pueblo
venezolano está atravesando «un momento crucial en los campos moral, económico,
político y social. Ha
disminuido drásticamente la calidad de vida.
La escasez y carestía de
alimentos, medicinas e insumos hospitalarios —escribieron los obispos— nos
están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con
consecuencias sociales impredecibles. En la vida pública, crecen la
inseguridad, la impunidad y la represión militar».
Y por ello, desde su 106a Asamblea plenaria, los obispos lanzan
una advertencia severa: «El discurso belicista y agresivo de la dirigencia
oficial hace cada día más difícil la vida. La prédica constante de odio, la
criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las
relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder
militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz».
Después de recordar las recientes y trágicas situaciones de
violencia y odio (como el asalto a un grupo de seminaristas, que fueron
maltratados y abandonados desnudos por la calle con el único objetivo de
humillarlos), el episcopado usa palabras duras e inéditas, refiriéndose a una
«Democracia resquebrajada»: «El
Estado de Derecho consagrado en el numeral dos de la Constitución Nacional, se
ha debilitado.
Vivimos
prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos,
quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de
la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son
inaceptables. La identidad cultural del venezolano se reduce y hasta se pierde
cuando se valora únicamente si está vinculada al proyecto político imperante».
Es decir, para los obispos venezolanos, la situación, si no es una
dictadura, está al borde del totalitarismo, y lo confirman estas palabras: «La democracia en Venezuela está
resquebrajada, y el Gobierno y los otros poderes, que tienen la responsabilidad
de oír y concertar con todos los sectores, no están haciendo lo suficiente para
reconstruirla.
El
diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción
más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que parezcan, han de
seguir siendo los caminos que debemos transitar. No se puede dialogar si no se
reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o
descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el
conflicto».
En los 17 puntos de su declaración, el episcopado se refiere en
varias ocasiones a la corrupción, a la intolerancia, a la anarquía, al
desmantelamiento de viejas y nobles instituciones, a la descomposición moral y
al «bachaqueo», la horrible y difundida práctica de la especulación sobre
comida y medicinas, que se están vendiendo a precios exhorbitantes en el
mercado negro. Y todo ello, observan los obispos en la declaración, involucra a
muchísimas personas e instituciones públicas, privadas e incluso militares.
La declaración dedica una reflexión especial a la intención de
Maduro de desconocer el Parlamento: «Desconocer la autoridad legítima de la
Asamblea Nacional, deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad
soberana expresada en el voto popular». Y, por primera vez, el Episcopado se
expresa a favor del referéndum revocatorio que las oposiciones quisieran y para
el cual han ya reunido millones de firmas.
Se lee en la declaración: «El Consejo Nacional Electoral tiene la
obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice
este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la
Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida
absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con
fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes».
Los obispos concluyeron el documento con algunas propuestas
concretas, que deberían ser puestas en marcha inmediatamente.
La primera: permitir que entren inmediatamente al país las
medicinas que faltan y la Iglesia pone a disposición inmediatamente sus
instituciones, particularmente la Caritas. Se trata de salvar muchas vidas
humanas que están en peligro.
Segunda: abrir permanentemente la frontera entre Venezuela y
Colombia, país al que a menudo la gente va a buscar comida y medicinas, cuando
puede. Tercera: libertad inmediata para los presos políticos, la mayor parte de
los cuales sobrevive en condiciones inhumanas, acusados arbitrariamente y sin
procesos ni garantías. Cuarta: el gobierno no debe considerar la solidaridad de
otros países, pueblos e instituciones como una injerencia en la vida interna.
La Iglesia en Venezuela, una vez más, concluye el documento,
ofrece sus servicios para facilitar un encuentro entre los que hoy son
adversarios, con el objetivo de buscar mediante la vía del diálogo soluciones
eficaces para la crisis.
EXHORTACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA
CENTÉSIMA SEXTA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA
“EL SEÑOR AMA AL QUE
BUSCA LA JUSTICIA” (Prov. 15, 9)
1) Los Arzobispos y Obispos de
Venezuela, reunidos en la 106ª Asamblea Ordinaria, queremos compartir con el
pueblo venezolano las angustias que sufrimos y comunicarle la esperanza de que reconciliados
y en diálogo encontraremos soluciones eficaces a la presente crisis.
CLIMA SOCIAL
2) Los venezolanos estamos atravesando
por un momento crucial en los campos moral, económico, político y social. Ha
disminuido drásticamente la calidad de vida. La escasez y carestía de
alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos están llevando al borde de una
crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales
impredecibles. En la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la
represión militar.
3) El discurso belicista y agresivo de
la dirigencia oficial hace cada día más difícil la vida. La prédica constante
de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y
a las relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del
poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz.
4) El auge de la delincuencia y de la
impunidad entorpecen el ordinario quehacer de la gente y provocan, en ciudades
o poblaciones grandes o pequeñas, verdaderos toques de queda. Hace pocos días,
en Mérida, fueron agredidos transeúntes, entre ellos un grupo de seminaristas
menores de edad. Fueron golpeados y desnudados, violando sus derechos a la
dignidad y al respeto, sin que ninguna autoridad pública interviniera para
protegerlos. Los recientes desórdenes en Cumaná y Tucupita, así como los
intentos de saqueos y cierres de vías por protestas populares, en diferentes regiones
del país, constituyen una expresión del creciente malestar social.
UNA DEMOCRACIA RESQUEBRAJADA
5) El Estado de Derecho consagrado en
el numeral dos de la Constitución Nacional, se ha debilitado. Vivimos
prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos,
quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de
la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son
inaceptables. La identidad cultural del venezolano se reduce y hasta se pierde
cuando se valora únicamente si está vinculada al proyecto político imperante.
6) La democracia en Venezuela está
resquebrajada, y el Gobierno y los otros poderes, que tienen la responsabilidad
de oír y concertar con todos los sectores, no están haciendo lo suficiente para
reconstruirla. El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política
en su concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que
parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar. No se puede
dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del
otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de
superar el conflicto.
7) La crisis moral es mayor que la
crisis económica y política, porque afecta a toda la población en sus normas de
comportamiento. La verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción,
el diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía. La corrupción se
ha incrementado en los organismos del Estado y la descomposición moral ha
invadido a muchas personas integrantes de instituciones privadas y públicas,
civiles y militares, así como a amplios componentes de la sociedad. Un
exponente de esta degradación moral es la reventa especulativa de productos,
llamada popularmente “bachaqueo”.
8) Desconocer la autoridad legítima de
la Asamblea Nacional, deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la
voluntad soberana expresada en el voto popular. La división, autonomía y colaboración
entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable.
9) Es tal la indefensión de los
ciudadanos ante la delincuencia que se están multiplicando los casos de pobladas
enardecidas que toman la justicia por sus propias manos y proceden a inmorales
y deplorables ejecuciones colectivas (“linchamientos”). La violencia, en
ninguna de sus formas, es solución a los problemas. Como nos dijo San Juan
Pablo II: “La justicia social no puede ser conseguida por violencia. La
violencia mata lo que intenta crear”.
10) La raíz de los problemas está en la
implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y
centralizador que el Gobierno se empeña en mantener.
PROPUESTAS URGENTES
11) El Consejo Nacional Electoral tiene
la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se
realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en
la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida
absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con
fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes.
12) Es de urgente prioridad que el
Ejecutivo permita la entrada de medicamentos al país, dada su gran escasez.
Para su recepción y distribución, la Iglesia ofrece los servicios e
infraestructura de Cáritas, y de otras instancias eclesiales abiertas a la
cooperación de otras confesiones religiosas e instituciones privadas. Este
servicio no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda significativa. La caridad
nos impulsa a comportarnos como samaritanos compasivos, dispuestos a curar a
los heridos del camino (Cf. Lc. 10, 25-37).
13) Es una necesidad que se abra de
manera permanente la frontera colombo-venezolana. El haber permitido su
apertura el pasado domingo 10 de Julio hizo posible que numerosos hermanos
pudieran proveerse de alimentos, medicinas y otros insumos. El paso de miles de
ciudadanos al vecino país es prueba evidente de la crisis.
14) Aumenta el número de ciudadanos
venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción
policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas.
La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido
proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena o al
menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico
Procesal Penal.
“LA ESPERANZA NO DEFRAUDA” (Rm. 5,8)
15) Las angustias y esperanzas del
pueblo venezolano son compartidas en estos momentos por numerosas instancias
nacionales e internacionales. El gobierno no debe declararlas ajenas a nuestros
derechos ni culpar a quienes acuden a ellas legítimamente, denunciando
injerencias y aduciendo soberanía e independencia, ya que vivimos en un mundo
interconectado y globalizado.
Ni los
derechos humanos, ni la justicia tienen fronteras. No nos dejemos robar la
esperanza que hace posible, con la ayuda de Dios, lo que parece imposible (Cf.
Lc. 1, 37).
16) En el nombre de Jesús que nos manda
“amarnos unos a otros” (Jn. 13, 34), hacemos un llamado a las autoridades para
que frenen el deterioro de la vida de los venezolanos, cualquiera sea su preferencia
política, y para que se detenga la actual espiral de violencia, odio y muerte.
Movidos exclusivamente por el bien y la paz de todos los venezolanos,
reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios para facilitar el
encuentro entre los contrarios y el entendimiento en la búsqueda de soluciones
efectivas.
17) En la fe tenemos la firme
convicción de que Jesucristo, el Señor de la historia, nos acompaña. Como hijos
de un mismo Padre y hermanos los unos de los otros, nos comprometemos en la construcción
de la unión y de la paz. Invitamos con alegría a todos los creyentes y a las
mujeres y hombres de buena voluntad, a unirnos el próximo dos de agosto, a la
Jornada de ayuno y oración, convocada por el Papa Francisco en Asís, como una
ocasión especial de pedir por la paz y la reconciliación entre los venezolanos.
Invitamos a recitar la Oración por Venezuela, y a los párrocos a leer ésta
exhortación en la misa dominical. Rogamos a Dios Padre derrame de manera más abundante
en este año jubilar su misericordia y su consuelo sobre nuestro pueblo.
Colocamos en las manos maternales de Nuestra Señora de Coromoto estas
propuestas que expresan el sentir y el anhelo de la inmensa mayoría de los
venezolanos.
Con nuestra bendición,
LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE VENEZUELA
Caracas, 12 de julio de 2016
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