El FAES y las cifras que generan más «terror» que el COVID-19 en Venezuela

Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos, tras examinar el informe de Michelle Bachelet, confirma que la Alta Comisionada de la ONU responsabiliza a las FAES, CICPC y GNB de 1.324 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre enero y mayo de este año en Venezuela

Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela

Jul 07, 2020

“Llegaron a las cinco de la mañana, me arrastraron de la casa y me metieron en una camioneta. Comencé a gritar preguntando qué pasaba y la explicación de lo que sucedía, me pegaron en la cabeza, aturdida y orinándome, comencé a orar, se escucharon tres detonaciones y mi hijo mayor me dice: mamá, mataron a mi hermano”.

Así relataba Carmen Pérez la muerte de su hijo, Euvis Alejandro Peroza, de 27 años, según la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos PROVEA en un informe con cifras del año 2019. Euvis era mecánico y fue asesinado el 6 de septiembre pasado por las FAES, en El Trompillo, estado Lara. Su asesinato, se sumó a las mortales cifras que en agosto de ese año cargaron con la vida de 176 personas.

Otro caso citado es el de José Luis Lucena, de 36 años, también asesinado por las FAES el 6 de septiembre en la comunidad de Brisas del Turbio, Barquisimeto, estado Lara.

“Los funcionarios llegaron a las cinco y treinta de la madrugada, irrumpieron a la fuerza con un disparo en la puerta a la casa de Lucena sin ninguna orden ni acusación formal, obligaron a su esposa e hijas a abandonar el lugar porque presuntamente ‘hablarían’ con el deportista”.

Luego de varias horas, le informaron a la familia que debían ir a buscarlo al hospital. “Al llegar conocieron que Lucena había sido asesinado”, dice PROVEA.

Aunque estas ejecuciones no están reflejadas directamente, tal vez han podido servir de base al informe de Bachelet que cita a “Fuentes abiertas”. La mayoría ocurrió en presuntos enfrentamientos; y en allanamiento a viviendas sin autorización de un juez ni la presunción de inocencia. La presentación de la segunda parte será el 15 de julio en la ONU.

¿Son cuerpos de seguridad o exterminio?

FOTO DE REFERENCIA: Ocasión en la que Michelle Bachelet visitó a Venezuela y se reunió con el Secretario General de la CEV

Las cifras de personas fallecidas durante ejecuciones extrajudiciales por los cuerpos de seguridad y los que han muerto a consecuencia del COVID-19, pudieran prestarse para una desagradable comparación en Venezuela. Aunque son cifras preocupantes, no caben dudas que la población venezolana tiene muy claro a quién temerle mucho más. Los más recientes ocurrieron en barriadas pobres y durante la cuarentena del coronavirus.

La pandemia ha generado 64 fallecidos hasta este 6 de julio, de acuerdo con las cifras oficiales emitidas por funcionarios de Maduro; en cambio, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) son responsables de 1.324 muertes en este año 2020, según se desprende del informe que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, adelantó el pasado 2 de julio.

A continuación la cita textual del Informe publicado en el portal de la ONU: “Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad”.

Al distribuir responsabilidades se tiene que las “Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de policía del Estado Zulia de 124 muertes. Las cifras más altas de casos se registraron en Zulia (323), Aragua (148), Bolívar (140), y Lara (121)”.

También habla del hacinamiento carcelario, la mal nutrición, especialmente en la población infantil y adultos mayores, la falta de acceso a la higiene y cuidados de los venezolanos; del asedio militar y la intención de convertir a las organizaciones partidistas en estructuras terroristas; el hostigamiento a dirigentes políticos, organizaciones no gubernamentales, activistas sindicales, defensores de derechos humanos y medios de comunicación.

“El informe Bachelet es un retrato de Venezuela”

Uno de los más reconocidos defensores de los derechos humanos en Venezuela, el ex parlamentario y abogado Rafael Narváez, a través de una nota de prensa y luego en contacto telefónico con Aleteia, analizó el Informe de Michelle Bachelet, detallando varios aspectos fundamentales que vulneran los derechos humanos en el país suramericano.

“El informe de Bachelet es un retrato de lo que ocurre en nuestro país”, dijo al ser contactado.

“Ratifica una vez más la indiferencia y el desprecio del Ministerio público, Poder judicial y la defensoría del pueblo por el artículo 19 de la Constitución nacional (CRBV) que establece la obligación del estado de respetar y garantizar a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independientes de los derechos humanos”.

“Esto ocurre cuando los poderes públicos no tienen independencia, no tienen autonomía, colocando en un grado de indefensión a las víctimas a quienes les ha sido vulnerados su derechos por parte del Estado”, expresó el hombre de leyes. Para afianzar su punto de vista, explicó que solo existen dos formas para detener a una persona.

“La primera cuando hay una investigación previa por parte del Ministerio Público. Esa investigación se lleva a un juez de control quien genera una orden de allanamiento de la vivienda o morada, la cual debe ser con un testigo para que se vea que el procedimiento ejecutado es legal. La orden de allanamiento es específica, no deben realizar otra incautación que no se especifique en la orden. La segunda es cuando existe lo que se conoce como ‘flagrancia’, esto es, cuando se agarra a alguien cometiendo un delito”.

Resaltó que las desapariciones forzadas de personas, “es un patrón por parte del Estado en contra de los detenidos por razones políticas que viola la Constitución y que prohíbe a la autoridad pública sea civil, o militar aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.

El informe refleja “la violación del debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución, el derecho a la defensa, el que toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y la presunción de inocencia ya no son garantías judiciales”.

Sobre el FAES ratifica: “es público, notorio y comunicacional su responsabilidad de cometer delito de ejecuciones extra judiciales en Venezuela convirtiéndose en un grupo exterminio”.

Las amenazas del ministro de defensa

Narváez consideró erradas las palabras del ministro de la defensa Vladimir Padrino López, pronunciadas este 5 de julio, ocasión en que se recuerda la Independencia de Venezuela. Padrino describió a las Fuerzas Armadas como “anti imperialistas, revolucionarias y socialistas”, señalando además que “la oposición nunca más va a ganar”, lo cual ha generado otro revuelo en Venezuela, tomando en cuenta el llamado a elecciones en diciembre próximo y que la mayoría opositora ya ha rechazado para participar.

“Estas amenazas son sumamente graves y van más allá de los derechos políticos porque el ministro de la defensa será también el Jefe del Plan República, es decir, quien resguarde todo proceso electoral que se realice en Venezuela”, expresó.

“Por tanto, yo lo exhorto a que cuelgue el uniforme, pida la baja, se lance a la arena política y se someta a la voluntad del pueblo. Porque es muy ventajoso que teniendo el monopolio de las Fuerzas Armadas y el control de las armas de la República, hable así contra la oposición que plantea algo distinto”, concluyó Rafael Narváez.