“La
Iglesia y varias organizaciones de la sociedad civil seguimos insistiendo a los
dos presidentes de la República, en la necesidad de un acuerdo social
humanitario por la vida...”
Por
Alfredo Infante S.J.
Caracas, 24 de abril 2020
El
empobrecimiento acelerado en Venezuela es anterior tanto a las sanciones de
Estados Unidos -que sin duda alguna nos han afectado a todos- como a la
recesión global que ha provocado la pandemia y que está profundizando nuestra
tragedia, especialmente por la caída de las remesas y la depresión abrupta de
los precios del petróleo.
La
Venezuela alcanzada por el Covid-19 es una Venezuela sumida en una emergencia
humanitaria compleja, con sus raíces en una crisis política y no como resultado
de una guerra o de un desastre natural. Se trata de un país con los servicios
públicos (agua potable, electricidad, transporte, gas e internet) colapsados;
con seis años continuos de recesión económica y una hiperinflación que se tragó
la moneda; con los sistemas de salud y educación por el piso y con una
emigración forzada que, en los últimos cinco años, ha alcanzado la alarmante
cifra de 5.093.987 personas, según la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM). Recordar esto siempre será necesario, porque la amnesia
colectiva es una posibilidad que juega a favor del poder y la pandemia pretende ser utilizada para resetear nuestra memoria social.
En
medio de esta cuarentena, el ciudadano común se encuentra acechado no sólo por
el Covid-19 sino por el hambre, el empobrecimiento, la crisis política y el
autoritarismo del régimen.
Si
en los otros países, especialmente en los desarrollados, el desafío de los
Estados se relaciona en cómo reactivar la economía con protocolos seguros para
evitar la propagación del virus, en el nuestro, por los indicadores, el desafío
del Gobierno es cómo hacer de la pandemia una oportunidad para afianzar el
control social y político; dicho de otro modo, la gente no cuenta.
Según
un comunicado conjunto de las ONG Provea y Acceso a la Justicia, ese es el
espíritu de los decretos que el Gobierno ha dictado. “Lo que debería ser una
situación que una al país para el control de la pandemia, y preservar la salud
de la población, se ha convertido en un instrumento político de control y abuso
contra la población”, se lee en el documento.
Los
hechos parecen estar confirmando esta advertencia, pues durante estas dos
últimas semanas en las que se ha profundizado la escasez, la hiperinflación, la
recesión de remesas en las zonas populares y el hambre -razones por las que la
gente ha salido a la calle a protestar- se ha incrementado la represión
desproporcionada por parte de la fuerza pública.
Según
el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante las tres primeras
semanas de este mes y después de 41 días de cuarentena, a nivel nacional se han
registrado más de 500 manifestaciones por derechos sociales a nivel nacional y,
nada más el 23 de abril, se produjeron protestas por alimentos en 15 estados,
con saqueos o intentos de saqueo en al menos tres entidades: Bolívar, Monagas y
Sucre.
Ante
los sucesos del jueves 23 de abril en Upata, Bolívar, donde cuatro comercios
resultaron saqueados y un hombre fue asesinado por un disparo, la reconocida
educadora de paz, Luisa Pernalete, nos manifestó lo siguiente: “Lo de Upata fue
terrible... Se le arruga a uno el estómago y el corazón”.
Mientras
tanto, la Organización de Naciones Unidas anuncia una “hambruna de proporciones
bíblicas” para el mundo y nuestro país, y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) estima en sus proyecciones que la economía de
Venezuela sufrirá una contracción de 18%, la mayor depresión para país alguno
en Latinoamérica durante este año.
En
este contexto, la Iglesia y varias
organizaciones de la sociedad civil seguimos insistiendo a los dos presidentes
de la República, en la necesidad de un acuerdo social humanitario por la vida,
que cree un marco político para concertar estrategias comunes para atender la
emergencia en todas sus dimensiones.
Lamentablemente,
ambos factores parecieran estar jugando al vencedor. El régimen de Maduro
apuesta por un mayor control social y político, convencido de que la crisis
global por el Covid-19, el efecto sobre el gobierno de Trump por la caída de
los precios del petróleo y su impacto en Citgo, debilitará política y económicamente
al grupo de Guaidó.
Por
su parte, la oposición extrema pareciera apostar a que la agudización de las
contradicciones terminará arrinconando al régimen hasta obligarlo a aceptar la
propuesta de un gobierno de transición sin Maduro. Ambos están en la lógica de
«vencer», idea perversa que terminará llevando al país hacia el barranco.
Insistimos:
es hora de pasar del paradigma de la guerra al paradigma de la negociación,
como camino para afrontar esta hora aciaga como venezolanos. “Sin acuerdo por
la vida, pereceremos como idiotas”.
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
17 al 23 de abril de 2020/ N° 55
17 al 23 de abril de 2020/ N° 55
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