“Como
país nosotros necesitamos inversiones rentables, ecológicamente sustentables,
como lo están planteando diversos países del mundo, incluso, como lo ha
manifestado el Papa Francisco en su Encíclica Laudato si: “Sobre el cuidado de
la casa común”; pero el mal llamado ‘Arco minero’ no es sino la
implementación de un crimen ecológico gigantesco, de un crimen de Estado que se
está perpetrando en Venezuela”.
De
esta manera lo denunció el ecologista venezolano Alexander Luzardo, durante una
conferencia este lunes en Caracas, en la que abordó las consecuencias de la
explotación del Arco Minero, decretado de manera extraordinaria por Nicolás
Maduro.
“El
decreto sobre la explotación del ‘arco minero’ constituye un gigantesco crimen
ecológico, que significaría la liquidación de Guayana, Amazonas y el Delta”,
aseguró.
El
arco minero es un decreto emitido por el presidente Nicolás Maduro, el cual
pretende destinar el 12 por ciento del territorio nacional a la actividad
minera, es decir, 12 millones de hectáreas, extensión
comparable con Cuba”, incluso, “más grande que Panamá y varios países europeos”,
dijo durante la exposición.
“Es
una actividad que se desarrollará al sur del Orinoco, en una zona ecológica
extremadamente frágil, y donde se encuentran las últimas reservas de agua dulce
no contaminada del país”, expuso.
Entre
las reservas que se verían afectadas está Imataca, que tiene 3 millones 800 mil
hectáreas; y de sus bosques depende en gran parte el equilibrio ecológico del
sur del país, indicó el experto. “Igualmente sería afectada la reserva forestal
del Caura, con más de 5 millones de hectáreas, decretada como Reserva Forestal en
1961”, aseguró.
Además,
serían afectados el monumento natural Wanai, que es un Tepuy decretado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y que pertenece al conjunto de tepuyes ubicados
entre los estados Amazonas y Bolívar; y la cuenca del Caroní, que surte de
hidroelectricidad a más del 65 por ciento del territorio nacional.
“Estamos
hablando de biodiversidad, riqueza biológica, del agua, que es un bien
insustituible protegido por la Constitución Nacional en su artículo 304 donde
se establece que todas las aguas son del dominio público insustituibles para la
vida y el desarrollo”, expuso.
Denunció
que afectar la Cuenca del Caroní, “equivale a aproximadamente 500 mil barriles
diarios de petróleo, hablando en términos comparativos de la energía fósil,
pero en este caso es energía limpia, y esa cuenca es bendita, sagrada para
Venezuela”.
“La
contaminación con mercurio y otros agentes, ocasionarían daños irreversibles,
que producirían el envenenamiento de las aguas y los suelos de esa zona tan
frágil; conllevando afectación a los pueblos indígenas y locales
del sur de Venezuela”, dijo.
Como
punto culminante, Alexander Luzardo, solicitó la derogación del decreto, tal
como lo hizo la Asamblea Nacional el 14
de junio pasado cuando tomó la decisión de desconocerlo y declarar su nulidad,
porque afecta las últimas reservas de agua limpia no contaminada del país, lo
cual es mucho más valioso que cualquier otro recurso.
El
doctor Alexander Luzardo fue senador del anterior Congreso de la República, ex
presidente de la comisión de ambiente, autor de las Normas Ambientales de la
Constitución Nacional, y es profesor titular de la Universidad Central de
Venezuela en derecho ambiental y desarrollo sustentable.
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