“En
Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos, delincuentes comunes
procesados por sus delitos”. Bajo este argumento, propio de la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez (que administró a Venezuela con mano dura
entre 1952-1958), se afianza el gobierno de Nicolás Maduro para llenar de
presos de conciencia las cárceles del país.
El nuevo drama
lo sufren dos activistas del partido Voluntad Popular: Francisco Márquez Lara “Pancho” y
Gabriel San Miguel Rondón “Gabo”, este último de nacionalidad española,
quienes
fueron detenidos el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), cuando se dirigían al estado Cojedes para apoyar la validación de firmas
del revocatorio contra la gestión de Maduro.
Los
señalamientos iniciales de la GNB permitieron afianzar la privativa de libertad
impuesta más tarde por el Tribunal 2 de Control del citado estado llanero:
“#EnDefensaDeLaPatria
GNB detiene a 2 sujetos X legitimación d capital financiamiento al terrorismo
en Apartadero”, publicó la cuenta @GNB_COJEDES.
Al momento de su
detención portaban casi tres millones de bolívares en efectivo, material de
propaganda electoral relacionada con Voluntad Popular y Leopoldo López, además
les “confiscaron” dos computadoras portátiles y teléfonos celulares.
Miembros de Transparencia Venezuela
Márquez Lara y San
Miguel forman parte del equipo de la alcaldía de El Hatillo, estado Miranda,
que trabaja con Transparencia
Venezuela
en la implementación de los sistemas transparentes, que comprenden rendición de
cuentas y presupuesto participativo como mecanismos de lucha contra la
corrupción en gobiernos locales.
“La
detención de los jóvenes Francisco Márquez y Gabriel San Miguel constituyó una
privación ilegítima de su libertad”, dijo la organización en un
documento público. “La reciente decisión (…) valida la actuación irregular
inicial y se une a la larga lista de decisiones injustas emanadas del Poder
Judicial, las cuales el Tribunal Supremo de Justicia se encarga de
constitucionalizar”, agregaron.
Iglesia exige libertad de los jóvenes
La iglesia
venezolana también se ha hecho eco de esta acción considerada “al margen de la
ley”. El domingo 26 de junio en la tarde, se celebró una eucaristía, en el
municipio Chacao, donde varios dirigentes políticos rezaron por la libertad de
los jóvenes.
Luego, este 27
de junio, el cardenal Jorge Urosa Savino, emitió un comunicado en el que
consideró que “deberían ser puestos en libertad”.
Lamenta lo que
considera una nueva violación de los derechos humanos por parte del Estado en
el marco de la controversia política que se vive en Venezuela. “Lamento
que estas personas hayan sido encarceladas a pesar de que no han sido
aprehendidas en flagrancia cometiendo ningún delito”, dijo el arzobispo
de Caracas.
Los jóvenes habrían
“sido interrogados sin presencia de sus abogados”, agregó Urosa. “No se
está observando el debido proceso y, en caso de alguna sospecha, ellos deberían
estar siendo juzgados en libertad, tal como ordena el Código Orgánico Procesal
Penal”.
Huelga de hambre por presos políticos en Yaracuy
Pero “Gabo” y
“Pancho” no son los únicos nuevos detenidos por el gobierno socialista. Este
lunes 27 de junio, se declaró en huelga de hambre el diputado ante la Asamblea
Nacional por el estado Yaracuy, Luis Parra, exigiendo la liberación de 27
presos políticos del Gobernador de la entidad Julio León, quienes protestaban
por falta de alimentos en el municipio Bolívar.
“Los
detenidos son víctimas del retardo procesal a pesar de habérsele otorgado una
medida cautelar de libertad bajo fianza”, dijo cerca de la Catedral de
San Felipe.
Entre ellos
están: José Oliva, Anselmo Castillo, Carlos Hernández, Pedro Hernández, Manuela
Hinojosa, Magdalena Oropeza, Adrián Cruz, Humberto Castillo, José Hernández,
Felix Vargas, Jesús Andrades, Luis Hernández, Emisael Aular, Juasn Sánchez,
Kelly Silva, Francisco Galfidez, Henry Morillo, Sergio Andrades, Josguan
González, Junior Esparragoza, Héctor Quiroga, Juan Quiroz, David Aguilar,
Marcelo Rivero y Rosalin Rivero. “Todos detenidos desde el 8 de junio de este
año”, adujo.
Hasta el pasado
25 de mayo, el Foro Penal Venezolano contabilizaba 96 “presos políticos”; con
lo cual, nuevamente se ha incrementado este repudiable hecho que pone en tela
de juicio la democracia en Venezuela.
El cardenal
Urosa considera que “hay que corregir esas actuaciones, y respetar
los derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos”.
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