Venezuela: Destierran al preso político Vilca Fernández

El Vaticano y el Episcopado Venezolano ayudaron a gestionar la libertad del estudiante universitario, pero el Gobierno de Maduro se empeñó en “desterrarlo” del país que lo vio nacer

 

Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela 

Jun 15, 2018

Los rumores de la excarcelación del estudiante universitario Vilca Fernández se acrecentaron durante el mediodía de este 14 de junio en Caracas. Pero la “libertad” que iba a recibir de parte del Gobierno de Nicolás Maduro, al cual se opuso desde su llegada al poder, iba a ser la más dura y que a un defensor de los derechos civiles y la democracia no le gustaría recibir: ser expulsado de su propio país y salir al destierro.

“Me voy con un profundo dolor porque dejo a la gente que más amo, incluyendo a mis hijos”, expresó en un sonido hecho desde el avión que le transportaría a Perú, el país que gracias a las gestiones del Vaticano, la Conferencia Episcopal Venezolana y el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, le dará cobijo desde ahora.

“Me voy con la convicción de que volveremos, y que desde donde esté la lucha continúa (…) Pero me voy con el corazón muy dolido porque treinta millones de venezolanos se quedan tras las rejas del régimen de Maduro”, indicaba con claros sentimientos.

“El régimen venezolano me ha sacado de los calabozos del Sebin y me ha expulsado de Venezuela”, expresó al inicio del mensaje que enviaba a través de las redes sociales. “El hermano país del Perú, que es el país natal de mi padre (Jorge Fernández) me ha brindado cobijo y hacia allá me dirijo hacia el exilio”.

“Nosotros seguiremos luchando y yo no descansaré hasta ver a un país diferente, a un país libre donde se respeten los derechos de todos; donde no se encarcele el pensamiento libre; donde decir lo que se piensa no sea un delito; donde hoy lo que yo vivo, ser expulsado de la propia tierra que lo vio nacer, ningún otro venezolano lo viva”, agregó Vilca detenido desde el 31 de enero del año 2016.

Destierro o nada

Según las fuentes vinculadas a Vilca Fernández, la excarcelación del dirigente estudiantil de 34 años de edad, no fue incondicional; antes bien, el Gobierno de Maduro habría ordenado su “destierro” como una condición para su salida de la cárcel, aunque esta circunstancia no está contemplada en las leyes venezolanas.

Así, desde el Centro Internacional para los Derechos Humanos, Justicia y Libertad, capítulo Venezuela, que dirige Miguel Méndez Fabbiani, se condena “enfáticamente a los funcionarios gubernamentales que ordenaron el exilio forzoso o expulsión arbitraria del dirigente político Vilca Fernández”. Piden que “deben ser sometidos a  sanciones penales y están destinados a responder por este crimen en tribunales internacionales”.

Un grave delito de lesa humanidad

“La pena de destierro, es una medida ilegal en el Derecho Internacional Público e inconstitucional en nuestro territorio”, sostiene la organización no gubernamental, y agrega que la “expulsión forzosa” de Fernández “constituye un grave delito de lesa humanidad”. “El acto ilegítimo del destierro no figura en la Constitución Nacional ni en ninguna de las leyes de la República por ende extrañar involuntariamente a un ciudadano de su país, es un grave delito internacional que no prescribe nunca”.

“En diversos convenios, pactos, tratados y protocolos internacionales se prohíbe expresamente exiliar por la fuerza a cualquier ciudadano del estado o nación del cual es originario por cualquier motivo, causa o condición, explican.

“Es por esto que en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece claramente: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni DESTERRADO”, remarca la organización no gubernamental.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, en su artículo 12: “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país”. Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, expone en su artículo 5: “Nadie puede ser expulsado del territorio del estado del cual se es nacional, ni ser privado de derecho a ingresar en el mismo”, agrega la organización.