viernes, 31 de marzo de 2017

Urosa denuncia: “Maduro pretende el poder absoluto” en Venezuela


Sorpresivamente la Fiscalía General condenó las decisiones del TSJ, “porque constituye una ruptura del orden constitucional”
Sin duda alguna, los retos de nuestra Venezuela de hoy nos plantea son muchísimos e inmensos: tenemos el problema político de un Gobierno Nacional que pretende tener poder absoluto y copar todos los espacios, eliminando las actividades y actuaciones de quienes no se someten a sus designios, e inclusive encarcelándolos”.
Así lo denunció el cardenal Jorge Urosa Savino, durante el VII Congreso Nacional de Laicos de Venezuela, que desde el 30 de marzo y hasta el 1 de abril, se cumple en la UCAB, denominado: “Protagonismo del Laico en la Realidad Venezolana”.
Durante el encuentro, el arzobispo de Caracas expresó que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, “quiere ahora algo gravísimo”: “neutralizar y penalizar a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los legítimos representantes del pueblo en la Asamblea Nacional (AN)”. Pero además, el Gobierno pretende “algo peor todavía”, añadió Urosa: “suprimir las facultades constitucionales del Parlamento Venezolano”.
Aunque el purpurado caraqueño no ahondó sobre la decisión tomada por el TSJ el 27 de marzo, asumiendo facultades y atribuciones de exclusiva competencia de la AN; no obstante, llamó al laicado “a ser sal de la tierra y luz del mundo, de manera que al ver sus obras los demás puedan dar gloria al Padre celestial” en diversas áreas.
Tenemos también el reto económico que plantea un sistema totalitario y estatista que ha arruinado al país”, dijo el cardenal Urosa. Describió que a los venezolanos los agobia “la delincuencia y su consecuencia inmediata, la inseguridad personal y patrimonial, con el rio de sangre que corre todas las semanas en nuestras ciudades”.
Señaló que “se trata del problema social de las carencias de muchísimos hermanos nuestros que no tienen lo suficiente para comer, y que están sufriendo desnutrición y hambre”; así como “la falta de medicamentos y el deterioro de los hospitales”.

Sorpresivo rechazo de la Fiscalía 

Si algo ha llamado la atención en el marco de esta histórica decisión del TSJ que asume las atribuciones de la Asamblea Nacional y le otorga poderes extras el presidente Maduro, ha sido el rechazo al golpe de Estado, que este viernes 31 de marzo, hizo público la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tenida como “roja rojita”.
“Considero un deber histórico ineludible referirme a las decisiones signadas con los números 155 y 156 de la sala constitucional del TSJ (…) se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo Ortega Díaz.
Durante la presentación de balance de gestión 2016, la integrante del Poder Moral hizo un llamado “a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que respetando la carta magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad”.

Periodistas agredidos y robados

En esta fecha se generaron protestas encabezadas por estudiantes opositores que intentaron ingresar a la sede del TSJ en Caracas, siendo repelidos por la Guardia Nacional Bolivariana sufriendo la detención de algunos de ellos, y cuyas cifras exactas todavía se desconocen
Así también, los periodistas fueron atacados y sus equipos dañados y robados por parte de los funcionarios militares que estuvieron acompañados de los “colectivos violentos” seguidores de Nicolás Maduro.
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Finalmente, varios diputados integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática convocaron a concentrarse el sábado 1 de abril, desde las 9 de la mañana, en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, “para rechazar la decisión del TSJ”, según dijeron.

La Iglesia lo advertía: “¡Venezuela ya es una dictadura!”



 Aleteia Venezuela/Ramón Antonio Pérez | Mar 31, 2017

“De hecho, el bloqueo de la Asamblea convierte al Gobierno en una dictadura real”, advertía a mediados de diciembre de 2016, el cardenal Jorge Urosa Savino, “más allá del diálogo” que en ese momento era una realidad y una posibilidad concreta para que Venezuela alcanzara a través de un camino democrático, la resolución pacífica de sus conflictos políticos, sociales y económicos internos.
Tres meses y medio después de la alerta del arzobispo de Caracas, y que Aleteia tituló: Cardenal Urosa: “El Gobierno de Venezuela se convierte en una dictadura real”, la supresión de funciones de la Asamblea Nacional, se cumplió a través de una “decisión exprés” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 27 de marzo pasado, cuya solicitud fue planteada el 22 de marzo, por el diputado oficialista Héctor Rodríguez Castro.
La decisión declaró inconstitucional el acuerdo en el que la Asamblea Nacional apoya la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA, contra Venezuela. Señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados únicamente los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no sería el caso para el actual Parlamento, al ser considerado en un supuesto “desacato”.
El TSJ también ordena al presidente Nicolás Maduro: “Evaluar el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República”, “tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción”, así como “revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país”.

La Iglesia y sus peticiones

Fuentes vinculadas a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) indican que “los obispos están muy preocupados” con esta situación y preparan una declaración conjunta “posiblemente para este 31 de marzo”, una vez conocidos los alcances de la sentencia, y tras valorar las respuestas y acciones que decidan los sectores políticos del país.
No obstante, desde la CEV también recuerdan las consideraciones del arzobispo de Caracas entre las que exigió al Gobierno Nacional: “la urgencia” de cumplir el acuerdo del 30 de octubre, que había sido avalada por tres ex presidentes, el secretario general de la Unión de las Naciones del Sur, Unasur, y un emisario de la Santa Sede.
Recuerdan que Urosa exigió tomar “las medidas necesarias para resolver la grave crisis política de bloqueo de funcionamiento del Estado por el bloqueo a la Asamblea Nacional”; “resolver los gravísimos problemas económicos y sociales que agobian al pueblo venezolano”, y “la liberación de los detenidos por razones políticas”.

Porras: Vamos hacia el despeñadero dictatorial


Por su parte, el también cardenal de Venezuela, Baltazar Porras Cardozo, dijo este jueves que la sentencia del TSJ sobre los límites a la inmunidad parlamentaria “lleva al país al despeñadero de la dictadura”, según difundió El Universal.
Porras indicó que Maduro aplica un “sistema totalitario que nos lleva hacia ese despeñadero que es la dictadura, porque sencillamente no se quiere reconocer dónde está la soberanía, que reside en el pueblo que eligió a la Asamblea Nacional”.
Consideró que dicha sentencia es anticonstitucional, agregando que el supremo pretende desaparecer la Asamblea Nacional electa por la voluntad del pueblo venezolano.

OEA convoca urgente Consejo Permanente

Entre las reacciones se encuentra la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien convocó de manera urgente a un Consejo Permanente para tratar el tema de Venezuela. 
Almagro indicó que se llegó a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y del 14 de marzo de 2017.
El líder regional recordó el carácter preventivo de la Carta Democrática Interamericana, “que debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio”, como el que se acaba de ejecutar en Venezuela.
Entretanto, la Cancillería del Perú confirmó el retiro del embajador de esa nación en Venezuela que ya había adelantado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, informó la nación sureña.
De igual manera, sendas comunicaciones de México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica y Panamá, entre otras naciones, manifiestan su inquietud por la sentencia Nº 156 emitida este miércoles por el TSJ.


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