CNP exige derogatoria total de la "Ley contra el odio"

El gremio periodístico rechaza proyecto de reforma por considerarlo una "mutación del castigo" y exigen libertad para periodistas presos.

Ramón Antonio Pérez | El Guardián Católico 
Publicado el 13 de noviembre de 2026

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"La ley contra el odio no admite modificaciones ni puntos intermedios, ya que su propia existencia vulnera garantías constitucionales esenciales como el derecho a la expresión, la opinión y la información". Tinedo Guía

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La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) fijó una posición categórica frente al proceso de consulta pública que adelanta la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma parcial de la llamada "Ley contra el Odio". 

El gremio periodístico ratificó su solicitud de anulación total de este instrumento legal, advirtiendo que cualquier intento de modificación representa una simulación para mantener la persecución contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales en Venezuela.

​El presidente del CNP, Tinedo Guía, sostuvo de manera categórica que el instrumento legal "no admite modificaciones ni puntos intermedios", ya que su propia existencia vulnera garantías constitucionales esenciales como el derecho a la expresión, la opinión y la información. 

Asimismo, el dirigente gremial alertó que la propuesta de reforma constituye una "mutación del castigo", debido a que —aunque elimina las penas de prisión— conserva conceptos jurídicos amplios y discrecionales como "zozobra", "angustia" u "hostigamiento.

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Por su parte, la secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, reiteró un pliego de exigencias dirigido al Poder Legislativo y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reclamando la derogación de la ley y la nulidad de un texto contrario a los derechos humanos. 

"Exigimos la libertad plena para todos los ciudadanos y periodistas privados de libertad por el ejercicio de sus derechos, así como el sobreseimiento de las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales derivados de esta ley", enfatizó Canelón.

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NUEVOS MECANISMOS DE CENSURA Y ASFIXIA A LOS MEDIOS

​El gremio denunció que la sustitución de la cárcel por sanciones pecunarias busca reconfigurar los métodos de censura. 

Entre los puntos más cuestionados destacan las multas desproporcionadas orientadas a comprometer la estabilidad financiera de los trabajadores de la prensa; los bloqueos de portales digitales y retiro inmediato de contenidos informativos; cierres y revocatorias de concesiones a medios de comunicación independientes.

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Ayton Monsalve, representante del Ininco en la Alianza por la Libertad de Expresión, solicitó una investigación exhaustiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante los nueve años de vigencia de esta normativa, exigiendo además reparación integral para las víctimas. 

Desde la perspectiva del CNP, el ordenamiento jurídico venezolano ordinario —como el Código Penal— ya cuenta con las disposiciones necesarias para sancionar la violencia sin necesidad de leyes punitivas especiales que coarten el debate público.

ADVERTENCIAS JURÍDICAS Y VIOLACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES

​El consultor jurídico del CNP, Andrés Raúl Páez, lanzó una advertencia a los poderes públicos y a los actores nacionales e internacionales sobre los peligros de aprobar lo que calificó como un "maquillaje" legislativo. 

Páez señaló que la normativa sigue sujeta a la discrecionalidad del Ejecutivo para vulnerar más de diez derechos humanos fundamentales, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de asociación y el derecho a la defensa.

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Asimismo, el asesor legal advirtió que mantener este andamiaje jurídico contraviene los tratados internacionales y desoye los pronunciamientos categóricos emitidos por la RELE CIDH, la Corte IDH y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU. 

El CNP concluyó exigiendo que la Sala Constitucional del TSJ revise la jurisprudencia violatoria de derechos humanos y anunció que se mantendrá en sesión permanente junto a organizaciones defensoras de derechos humanos para vigilar el desarrollo del debate parlamentario.

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A la convocatoria también asistieron Néstor Garrido (secretario nacional de mejoramiento profesional), Ivonne Andara (secretaria de organización), Deyanira Castellanos (secretaria de relaciones institucionales), Elio García (secretario de actas) y Germán Luna (secretario de deportes).