Corte Penal Internacional investigará al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad

 

La Fiscalía de la CPI abre investigación formal por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el gobierno de Maduro. Defensores de los derechos humanos catalogan de “histórico” el anuncio, pero alertan que el proceso puede ser largo y no exento de obstáculos

Ramón Antonio Pérez // Aleteia Venezuela
Publicado 4 de octubre 2021

Karim Asad Ahmad Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido en la mayor esperanza de justicia para los familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos en Venezuela. 

En un hecho sin precedentes para Latinoamérica, el 3 de noviembre, notificó personalmente al gobierno de Nicolás Maduro Moros, que el examen preliminar iniciado en 2018, entra “en una nueva fase”, la investigativa.

Será una etapa en la que importantes funcionarios del régimen venezolano, serán investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad. 

Muy posiblemente, tomará en cuenta las responsabilidades de miembros en la cadena de mando del régimen venezolano, desde Nicolás Maduro hacia abajo.

El anuncio del abogado de origen británico, superó las expectativas de muchos activistas de derechos humanos. En algunos casos, el inicio de las investigaciones no lo esperaban.

Pide espacio para cumplir con el trabajo

El anuncio lo hizo Karim Khan luego de firmar el “memorando de entendimiento” con el jefe de gobierno involucrado. Si se quiere la figura: el funcionario acusador presentó la notificación directamente a los presuntos acusados.

Aunque los términos fueron elegantes, Karim Khan dejó claro: 

Esta Corte es la Corte de ustedes, y según la Constitución de Venezuela esta Corte forma parte de la Constitución. Sus valores, sus principios, están arraigados en el suelo de este país, porque estos valores forman parte del valor y del espíritu de todos los seres humanos.

La investigación durante esta nueva etapa buscará “determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.

El fiscal de la CPI destacó que el examen abierto en 2018 “no es más que una fase de filtro” y “a medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase”. Igualmente, esbozó el compromiso que tiene en el organismo: 

A aquellos que están mirando, mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma.

El abogado pidió espacio para cumplir con su trabajo. 

Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones políticas. Nosotros no somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho, y les pediré a todos ahora, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo, aseguró.

¿Realmente respetará Maduro la decisión?

Aunque el trato al fiscal de la Corte Penal Internacional, desde su llegada a Venezuela el domingo 31 de octubre, hizo suponer alegría por atender la invitación del gobierno de Maduro, la reacción del mandatario tras la notificación, lo mostró desencajado.

Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos, dijo Maduro en rueda de prensa junto a Khan.

El mandatario se quejó de que la fase preliminar no le permitió a Venezuela conocer la documentación y el contenido que se evaluaba. “Estuvimos ciegos en esa etapa”, dijo.

Liliana Ortega: Es un camino largo y no exento de obstáculos

Si bien las mayorías de los activistas de los derechos humanos consideran el “histórico anuncio” como un paso para una aplicación de la justicia en favor de las víctimas, algunos se decantaron por la cautela del que estiman, será un largo proceso.

Liliana Ortega, abogada cofundadora de la ONG COFAVIC y miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, resaltó a través de su cuenta en Twitter, que el pronunciamiento del Fiscal Karim Khan es histórico e importante pero no es un punto de llegada, aún hay mucho camino que recorrer y conocer.

Considera que “vencer la impunidad y lograr la reparación integral en crímenes de DDHH requiere de prudencia, rigurosidad, perseverancia y evitar la revictimización en lo posible”, hiló en uno de sus trinos. 

Es una obligación de las ONG promover que las víctimas tengan expectativas justas y realizables y que sepan que alcanzar la justicia sigue siendo un camino largo y no exento de obstáculos, explicó la abogada.

El fiscal de la CPI confía en Dios

“No nos podemos quedar callados ante un estado que reprime, que secuestra y que asesina”, manifestó el padre Wilfredo Corniel, sacerdote de la parroquia San Miguel Arcángel en El Cementerio. – Foto Cortesía Efecto Cocuyo.

Es de resaltar que los familiares de las víctimas del gobierno de Maduro precedieron la llegada y decisión del fiscal de la CPI, exigiendo en una concentración frente a la PNUD, que en su agenda no tomara en cuenta solamente las instancias del Estado.

Somos cientos de familias, son cientos de presos políticos sometidos a crímenes de lesa humanidad. Le solicitamos muy respetuosamente que solicite entrevistarse con los presos políticos, exigió Andreina Baduel, hija del preso político Raúl Isaías Baduel, quien falleció el 12 de octubre de 2021, estando bajo custodia del Estado Venezolano.

Durante una entrevista concedida a El País, y antes de llegar a Venezuela, el fiscal Karim Khan dijo: “No hay ningún caso sencillo porque trabajamos con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión”.

Sin embargo, confiando en Dios, acotó de forma esperanzadora para la justicia: “tenemos gente maravillosa con mucha experiencia, y juntos nos aseguraremos, si Dios quiere, de cumplir con nuestras responsabilidades con la justicia”.

Las denuncias ante la Corte Penal Internacional están recogidas en un expediente sustentado en las primeras acciones de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, publicó Aleteia.

Se le conoce como Venezuela I y, además, recoge la denuncia hecha el 26 de septiembre de 2018, por los gobiernos de seis países de la OEA: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú contra su similar de Venezuela por violaciones a los derechos humanos.



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