“Pido que recemos mucho por las víctimas. Hago un
llamado a las autoridades civiles y militares a que asuman su responsabilidad
sin violar Derechos Humanos y mantener autoridad dentro de la población, y eso
se hace con justicia y con verdad”, dijo monseñor Mariano Parra Sandoval
“Dios habló muy
claro y dijo no matarás, no puedo matar personas porque quiero un
territorio o porque quiero algo. Las autoridades venezolanas tienen mucho por
hacer”. El obispo de Ciudad Guayana, monseñor Mariano Parra Sandoval, estuvo
en Tumeremo lunes y martes y presenció la manifestación de
familiares y allegados de los 28 mineros desaparecidos desde el viernes, “y
ellos lo que piden es justicia”.
Parra estaba en
El Dorado, visitando la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, cuando le
informaron de la protesta, que sigue, en la Troncal 10, única carretera que
comunica al municipio Sifontes con el resto de Venezuela.
“Yo percibí un
ambiente de mucho dolor y de mucha indignación, sobre todo ante la posición de
algunas autoridades” que, en un principio, desconocieron el hecho y
desmintieron a los manifestantes, como el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien en un contacto telefónico
con VTV tildó la
protesta como una “maniobra política de la derecha”, el sábado 5 de marzo por
la noche.
“Recuerdo mucho
la frase de una de las madres de familia que me dijo: ¿Usted cree padre
que yo voy a jugar a la política con la vida de mi hijo? ¡A mí me mataron a mi
hijo, que estaba buscando el pan diario para su familia!”.
En nombre de la
Iglesia Católica, el obispo Mariano indicó que “estamos con las víctimas y
exigimos al Gobierno que tiene que cumplir con su deber de implantar la
justicia y poner orden. No es posible que en el sur del estado (Bolívar),
el orden lo lleven grupos armados que, además, tienen armas sofisticadas, ¿Cómo
y dónde consiguen esas armas?, es la denuncia que nosotros hacemos”.
Desconfianza
ciudadana
Parra Sandoval
reprodujo el sentir de los manifestantes de Tumeremo, “lamentablemente las
autoridades civiles y militares no tienen la confianza del pueblo, sobre todo
de las familias de las víctimas, porque consideran que hay intereses de las autoridades” dentro del control
ilegal que existe dentro de las minas.
En El Dorado,
por ejemplo, “había orden, la gente salía tranquila a las calles, ¿Pero quién
lleva ese orden? Debería ser el Estado, pero no es así. El sur está controlado
por grupos armados”, insistió monseñor Parra muy preocupado.
“Los culpables
no son solo los hampones sino las autoridades que también han permitido y
favorecido el crecimiento de estos grupos delictivos”, subrayó.
El control del
sur del estado Bolívar por parte de grupos parapoliciales tiene varios años,
sin que ninguno de los cinco planes mineros del Ejecutivo hayan podido frenar
los embates de la minería ilegal y sus efectos colaterales que terminan
beneficiando las mafias y condenando a los ciudadanos honestos.
En cuanto a las
víctimas en Tumeremo, “citando lo que me dijo uno de los padres de las
víctimas, padre, hay 28 víctimas de Tumeremo, pero faltan las de El
Callao y Guasipati, otros que vengan de San Félix o incluso de otras partes del
mundo”, aunque lamenta que por el control de los grupos violentos que “se
autodenominan sindicato (…) hay un profundo temor (de los familiares y
testigos) de hablar abiertamente” sobre lo ocurrido.
Sobre OLP
Monseñor
Mariano Parra Sandoval ofreció la rueda de prensa junto con Blasina Cordero,
miembro de la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona, la Vicaría de
Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana y sacerdotes de todas las
parroquias del municipio.
Resaltó que “no
es un hecho aislado lo que está ocurriendo en Tumeremo, sucede dentro de todo
un contexto de violación de los Derechos Humanos” que se viene dando en todo el
estado a raíz de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), “porque
una de las cosas que dice el pueblo (en Tumeremo) es que detrás de todo
esto está la famosa OLP y aquí en la ciudad hemos vivido muchos casos de estos
abusos” de los cuerpos de seguridad del Estado.
Además de
exigir justicia y que se capture a los responsables de la masacre del municipio
Sifontes, el obispo de Ciudad Guayana denunció, en nombre de la Iglesia
Católica, “estos planes del Gobierno. La OLP es un plan fracasado que se usa
para combatir la criminalidad pero bajo una concepción muy equivocada, de
militarizar de manera represiva a la población para promover la seguridad pero
eso lleva es a muchas acciones que van en contra de los derechos humanos”.
La denuncia fue
reforzada por Cordero, quien remarcó que desde su fundación se atienden los
casos de violaciones de derechos humanos por parte de la OLP, “hemos visto
casos recientes como en el barrio Brisas del Paraíso en el que han golpeado y
asesinado a algunas personas, y pedimos a la colectividad a que apoye a nuestra
fundación porque seguiremos luchando por denunciar este tipo de violaciones”.
Monseñor pidió
a la colectividad a orar por los desaparecidos y llamó a
quienes incurren en la violencia a que “si creen en un Dios, ese Dios no los
está invitando a matar ni a hacer el mal”, para que cesen los embates
criminales que bañan a Bolívar y toda Venezuela de sangre.
Cuatro meses desaparecido
Monseñor
Mariano Parra Sandoval aprovechó la oportunidad para apoyar en la difusión del
caso de Nelson Omar Carpio, joven desaparecido desde hace cuatro meses luego de
ser aprehendido el 17 de noviembre de 2015 “por cuatro funcionarios de la Policía
del estado Bolívar (PEB) y de ahí no tenemos respuesta de nuestro muchacho”, en
la voz quebrada por el llanto de Edgar Carpio, padre de la víctima.
“Este papá
tiene el derecho de saber qué fue lo que pasó con su hijo, cuando hay testigos
que dicen que la Policía se lo llevó”, respaldó monseñor. La denuncia con el
número de la patrulla que interceptó a Nelson yace en Fiscalía, también, desde
hace cuatro meses y tampoco tiene respuesta.
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