jueves, 10 de abril de 2014

Cardenal Parolín invitado a participar en diálogo del gobierno y sectores democráticos

 
El Cardenal Pietro Parolín y el periodista Ramón Antonio Pérez.
Mucho es lo que se esconde detrás de las negativas previas, retardos y ahora aceptación de la mediación de la Iglesia, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, catalogado por sectores de la oposición como “una dictadura” al margen de la constitución nacional, que viola principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. 

Ramón Antonio Pérez 
@GuardianCatolic 

Caracas, 10 de abril de 2014.- El Papa Francisco ya tiene entre sus manos la invitación formal del gobierno de Venezuela para que el Cardenal Pietro Parolín sea “Testigo de buena fe”, en las conversaciones que Nicolás Maduro sostendrá con sectores de la democracia venezolana, obligado por la crisis y las recomendaciones de los cancilleres de UNASUR y otros líderes políticos, allegados o no, al Socialismo del Siglo XXI. 

La Invitación Formal llega luego de luego de dos meses de confrontaciones en Venezuela con el saldo lamentable de cuarenta personas asesinadas en las manifestaciones, más de mil heridos y centenares de detenidos, además de las reiteradas violaciones a los derechos humanos en medio de una profundización de la escasez de alimentos, creciente devaluación del bolívar y de la inflación. Todo lo cual ha conformado una situación de inestabilidad política y falta de gobernabilidad que colocan a Venezuela al borde de una guerra interna.

Los angustiosos llamados de la Iglesia Católica en Venezuela por intermedio de sus más altas autoridades, y el ofrecimiento de una posibilidad de mediación por parte de la institución más antigua del planeta, parece que al fin han sido escuchados.

La carta que ha sido publicada en la página web de la cancillería indica: “Deseamos transmitir la invitación del Presidente Nicolás Maduro Moros, a Su Santidad el Papa Francisco, con el propósito de que participe en los procesos de diálogo (...) a través de la designación de su persona como 'Testigo de Buena Fe´”.

Aunque no se ha recibido la respuesta oficial de la Santa Sede, se da por descontada la participación. De suyo, el Cardenal Parolín, fue Nuncio Apostólico de Su Santidad en Venezuela desde 2009 hasta agosto pasado, cuando Francisco le asigno la alta responsabilidad en la Santa Sede. La formalidad responde en consecuencia al acuerdo alcanzado entre gobierno y oposición para que el Vaticano participe en el diálogo como tercero de buena fe junto a un grupo de cancilleres suramericanos.

Elías Jaua manifiesta en la carta su esperanza de contar con la participación de Parolín en el desarrollo de la Conferencia de Paz en el país que tiene como objetivo “promover el diálogo constructivo, el entendimiento y la paz”. 

Otros dirigentes de la oposición también consideran de mucha importancia y muy válida la participación de Parolín.

De aceptar, el Vaticano se unirá a los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que acompañarán el encuentro formal entre Gobierno y la oposición que todavía no tiene fecha oficial ni agenda fijada.

Lo que dice Bocaranda del Diálogo 

Un reporte del periodista Nelsón Bocaranda, publicado este martes 8 de abril en su columna Runrunes del diario El Universal, resalta detalles de lo que ha podido estar detrás de los retrasos y acuerdo previos, con los principales protagonistas de estas conversaciones.

“Los partidos democráticos lo han visto bien. Hasta el secretario general de Copei anunció acciones formales para adelantar esa posibilidad. Unasur también lo asomó usando los buenos oficios del Secretario de Estado, Pietro Cardenal Parolin, hasta hace pocos meses Nuncio Apostólico en Caracas. Sin embargo, la Santa Sede ha declarado que "es necesario todavía profundizar y tener más elementos para verificar cuáles son las expectativas y las premisas para desempeñar un papel útil. Es lo que se está haciendo en las últimas horas", dijo hace días su portavoz, el jesuita Federico Lombardi, según la reseña del periodista Bocaranda.

Relató que “el Superior de los Jesuitas en Venezuela, Arturo Peraza S.J., lanzó dos advertencias como que “las partes deben ceder en posiciones intransigentes” y “la pregunta no es si la negociación es viable, sino cuántas víctimas hacen falta para que las partes se sienten”.

Sin embargo pude enterarme por fuentes confiables desde Roma que el gobierno venezolano -el mismo de Maduro en cadena nacional exclamando: "¡Que venga Pietro Parolin! ¡Que venga!", dejando entrever que el Canciller vaticano podía ser bienvenido- ha estado maniobrando tras bastidores para evitar que eso ocurra o por lo menos demorarlo unas semanas más mientras termina de cuadrar y lograr algunos propósitos oscuros que frenarían esa mediación. Los representantes del gobierno madurista en sus primeras conversaciones con los funcionarios del Vaticano han colocado algunos frenos que por lo ridículos parecieran provenir de un plan muy bien montado para tumbar esa intermediación antes de que siquiera sea definida. Un primer obstáculo es la insistencia venezolana, no oficialmente ni por escrito, en que no quede claro que el idioma de los diálogos debe ser el castellano.

Se hacen los locos aun cuando el artículo 9 de la Constitución establece que el idioma oficial de la República Bolivariana de Venezuela es el castellano. En sus deseos mencionan la "lengua del comandante Chávez" (¿el inconstitucional Plan de la Patria?).

La Iglesia desde el primer acercamiento dejó muy claro a los diplomáticos venezolanos que sus dos premisas o exigencias para ayudar a la paz entre los venezolanos deberían ser, por un lado, la liberación de los presos políticos y, por el otro, la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral de acuerdo con la Constitución y las leyes para que no se repitiera la hegemonía e inconstitucionalidad abusada por el régimen de Chávez, al designar por su cuenta a 4 de 5 miembros principales y en general colocar 80% de miembros de su partido PSUV en los cuadros directivos y suplentes a nivel nacional. Les recordaron que cuando la oposición no acudió a la contienda electoral para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional en 2005 el Gobierno se sintió solo y en la potestad de hacer lo que le diera la gana en esa selección de rectores del CNE. Esos son los que hoy ya tienen sus períodos vencidos. Como el régimen no da puntada sin dedal viene al caso una pregunta: ¿No será esa demora necia con el lenguaje a usar un ex profeso retardo para así dar pie a elegir desde ya -Diosdado Cabello lo anunció hace tres días- a las autoridades electorales antes de que se firme o se acuerde con el Vaticano su mediación?. Cuando se ha pensado con malicia en estos 15 años se ha acertado. Pienso ahora que el comunicado de la Conferencia Episcopal pudo haber sido una respuesta a ese engaño que buscan para hacer tiempo y que de ser aprobado el diálogo supervisado por la Iglesia, la designación del CNE haya sido un hecho cumplido y no se obligue a un giro democrático que no quieren Maduro y sus adláteres, pues piensan que así pierden el control de las elecciones.

Son muchos los artículos que están en la CRBV que el régimen ha violado en los tres lustros que tiene en el poder. Referencia en los documentos, por solo mencionar tres, son "el artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea; el artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía, y el artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”.

Hago esta mención al tema aprovechando que están en Caracas los cancilleres de Unasur, admiradores de Chávez en su mayoría, que parecieran estar en la misma corriente del primer ministro de Barbados (país beneficiario de los dólares de PetroCaribe), Freundel Stuart, quien dijo el domingo: “haré lo posible para que el gobierno electo pueda hacer su trabajo” llamando “al uso responsable de la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación”. Dos premisas que repiten al unísono los “gobierno amigos”. Muchos negocios (algunos bien sucios como la valija con 800 mil dólares llevada a Argentina es un ejemplo) y complicidades circunvalan sus cabezas. Veremos si logramos que tanto ellos como el régimen, desnudo en sus violaciones y torturas, acepten respetar a la otra parte.


Entiendan que la barricada más grande por la que los estudiantes protestan es la de su futuro, más allá de su muy deteriorado presente tras 15 años de abandono y retroceso del país maquillado en la propaganda oficial de que hay más universidades y estudiantes en el período militar que en el período civil de 1958 a 1998. Es cierto, pero con pensum mayoritario de adoctrinamiento, muy atrasados e inspirados en Cuba y la URSS que los coloca en minusvalía ante el mundo moderno en el que muchos países de Unasur ya navegan...

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