El Gobierno de Maduro aumenta ataques, amedrentamientos y citaciones ante las instancias públicas, contra líderes de la iglesia católica
Aleteia Venezuela | Feb 19, 2018
“Aquí tiene Usted mis manos, y si lo quiere, colóqueme las esposas y lléveme preso, pero yo como sacerdote y como obispo, no voy a dejar de denunciar los sufrimientos de mi pueblo”. Éstas habrían sido las palabras, acompañadas de la acción gestual, con las que el actual arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio López Castillo, le respondió a un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.
El funcionario lo fue a “entrevistar” para “convencerlo” de “parar las denuncias” que el prelado realiza constantemente en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Sucesivas han sido las prédicas del arzobispo en las misas y en la procesión de la Divina Pastora, como periódicas son también sus denuncias en contra del “régimen opresor”.
La historia la cuentan, en voz baja y discreta, algunos sacerdotes de esta iglesia arquidiocesana ubicada en el estado Lara, hacia el occidente de Venezuela. “La conversación entre el arzobispo y el oficial ocurrió dentro de una camioneta negra del Sebin”, narraron para Aleteia.“Después de dar varias vueltas por Barquisimeto con el prelado a bordo, quizás para meterle miedo, lo dejaron cerca del despacho curial”.
Casos como éste –ocurrido en 2017 y nunca revelado- se multiplican contra los sacerdotes católicos en Venezuela. La mesura intenta imponerse para resguardarlos de nuevos incidentes; pero, ocultar la realidad ya no parece ser la vía aconsejada cuando se trata de hechos injustos y repetidos que persiguen un mismo objetivo: amedrentar y engordar expedientes contra los sacerdotes y la Iglesia, fundamentados en la “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
La homilía del hambre en Venezuela
Son varios los casos ocurridos este año, aunque llaman la atención tres de ellos porque denotan el uso del instrumento surgido de la “espúrea” Asamblea Nacional Constituyente, con la cual el Gobierno de Maduro quiere instrumentalizar el qué y cómo decir las cosas que ocurren en Venezuela, incluso, desde el plano religioso.
El argumento es que, supuestamente, los sacerdotes están usando sus “prédicas de odio” en contra de personas e instituciones. ¡Oh casualidad!, hasta ahora los denunciantes son seguidores del régimen socialista que impera en el país bolivariano.
Entre los casos se encuentra el de monseñor Víctor Hugo Basabe, ocurrido a principios de 2018. El obispo de la diócesis de San Felipe y exsecretario general del Episcopado Venezolano, venía de sufrir el robo de su residencia cerca de veinte ocasiones.
Le correspondió pronunciar la homilía en la procesión de la Divina Pastora, el 14 de enero, y su contenido encolerizó a Maduro. “No escojamos el camino de la maldición en el que se han empeñado quienes niegan que en Venezuela hay hambre y desnutrición. Quienes le cierran las puertas a quienes en el mundo quieren venir a nuestra ayuda negándose a la posibilidad de apertura de un corredor humanitario”, dijo Basabe.
La respuesta del mandatario fue inmediata: “¡Nadie cree en estos diablos con sotana, nosotros amamos al Dios creador, amamos a la Divina Pastora!”. También dirigió su petitorio al Fiscal General, al Defensor del Pueblo y al Procurador de la República para “revisar” sí las palabras emitidas, corresponden a “verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamientos, violencia, muerte, exclusión, persecución…”.
Un obispo citado por el gobierno
Basabe no fue citado por su mensaje pero la tirante relación con la iglesia se incrementó. Quienes sí fueron citados a comparecer ante el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia fueron monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, obispo auxiliar de Caracas y el presbítero Miguel Acevedo, párroco de Nuestra Señora de la Candelaria. El sacerdote fue acusado de “incitar al odio” durante la misa que presidió el 2 de febrero, lo cual provocó la agresión de una señora que repudió las palabras del presbítero.
Aunque el caso se intentó mantener de bajo perfil, grupos de oración de esta parroquia caraqueña se activaron “para que todo salga bien”, y tanto el obispo auxiliar como el párroco “no tengan más contratiempos”. Luego se conoció que “el obispo y su sacerdote fueron tratados bien.
Solo querían amedrentarlos y conocer las motivaciones de la homilía, dijo un parroquiano. “Pero el asedio y las agresiones a varias chicas servidoras de esta parroquia, no se dejaron esperar”, alertó en una nota para Aleteia.
Desde el 14 de febrero y durante días sucesivos, la feligresía de La Candelaria tiene que soportar antes de empezar las misas, a un grupo oficialista que se instaló en las afueras con equipo de sonido asediando el desarrollo de las ceremonias. “Antes, durante y después de cada misa le dicen al padre Miguel todo lo malo imaginable. Al salir la mayoría de personas, unas damas agredieron a alguien que les contestó al ir de salida”, denunció.
También en el estado Zulia
Otro caso se está registrando en la Arquidiócesis de Maracaibo. Ante el Ministerio Público fue denunciado el padre Santiago Domínguez, de la iglesia La Consolación regida por agustinos recoletos.
El sacerdote fue acusado de instigar al odio en la misa dominical del 11 de febrero, por una vecina de nombre María Albarrán, quien es presidenta de la fundación Somos uno contra el odio y el Fascismo y secretaria para el desarrollo social del estado Zulia, es decir, una funcionaria allegada al oficialismo.
Albarrán contó ante las puertas del ministerio “que la denuncia forma parte de las acciones ejemplarizantes dentro del marco de la Constitución Bolivariana y la Ley Contra el Odio y la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y promovida por las víctimas de las guarimbas”.
En conclusión, la intención parece estar clara: Nicolás Maduro, a través de sus diferentes operadores, busca engordar expedientes contra los sacerdotes y sus asistentes para después ir con más fuerzas contra las autoridades de la iglesia católica. Se trata de atacar a la institución con más prestigio en Venezuela, convertida sin querer, en la piedra en el zapato que denuncia la arbitraria e inmoral conducta del gobierno socialista.
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