Presos políticos necesitan atención médica urgente en Venezuela

Los familiares piden a la Cruz Roja Internacional verificar la salud de al menos 45 presos políticos que presentan diversas enfermedades

 

Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela

| Sep 23, 2017

El reciente fallecimiento del concejal Carlos Andrés García ha puesto en situación de alerta al comité de familiares de los presos políticos en Venezuela, que no quiere perder a otro  de los suyos por falta de atención médica adecuada.

Uno de los casos emblemáticos es el del politólogo Vasco Da Costa, detenido desde el 24 de julio de 2014, en la cárcel de Tocuyito (estado Carabobo), tiempo en el que además ha sufrido torturas físicas y psicológicas. Su estado de salud cada día empeora, pero el Gobierno de Nicolás Maduro parece reticente a la hora de prestar los servicios médicos.

“A mi hermano no le quieren dar atención médica. El Tribunal espera un examen médico que nunca llega, y mientras, él va empeorando”, denunció una vez más, Ana María Da Costa, describiendo las condiciones inhumanas en que este se encuentra.

“Mi hermano ha perdido 35 kilos desde su detención y la verdad es que al gobierno no le interesa la vida de los presos políticos”, acotó Ana María, en medio de una protesta que intentó llamar la atención de la Cruz Roja Internacional en Caracas.

Los familiares de los presos políticos denunciaron frente a la sede del organismo humanitario, “las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los venezolanos y los presos políticos”. 

Dieron a conocer un listado de 19 detenidos que no reciben atención médica a pesar de sufrir diversas enfermedades, cifra que el Foro Penal ubica exactamente en 45 presos enfermos, “algunos más graves que otros”.

Desde paludismo hasta hepatitis

“El caso de los estudiantes de la Universidad Politécnica Libertador (UPEL): Kelvin Rojas, Engel Matute, José Saldivia, y Alex González, quienes están detenidos en la cárcel El Dorado, sufren paludismo adquirido en la cárcel”, según corroboró el abogado Alfredo Romero, denunciando esto como “un esquema de tortura”.

De igual manera, el listado del comité de familiares menciona a Oswaldo García, detenido desde el 4 de mayo de 2017, en la cárcel de Ramo Verde, complicado con hipertensión, problemas hepáticos, renales y diabetes.

Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry (estado Aragua), preso desde el 2 de septiembre de 2016 en El Helicoide-Caracas, y quien presenta Linfoma No Hodking, hipertensión arterial y  diabetes. 

Por su parte, Efraín Ortega, quien está preso desde el 24 de julio de 2014, en la cárcel de El Rodeo I (Miranda),tiene un cuadro de trombosis severa en ambas piernas, insuficiencia renal y hepatitis C.

Alerta internacional de Tintori

Entre los integrantes del comité de familiares de presos políticos se encuentra Lilian Tintori de López, quien dijo que pidieron ante la instancia humanitaria “atiendan los casos de los presos políticos que se encuentran en graves condiciones de salud”.

“Estamos enviando una alerta internacional porque es responsabilidad del Estado, proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. No queremos más violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los venezolanos ni los presos políticos”, dijo citando varios textos legales sobre este tema.

Informó que de estos presos de conciencia, suma también el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, del cual se desconoce su paradero y la situación de salud del alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos.

Diputado en huelga de hambre

Desde la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, también enviaron un mensaje de solidaridad al diputado Gilber Caro, debido a la huelga de hambre que mantiene desde hace días en el centro de reclusión Nuevo Hombre Libertador, como protesta ante las condiciones de encarcelamiento de la cual es víctima.

Finalmente, el comité de familiares de los presos políticos clamó para que la Cruz Roja Internacional exija al Gobierno de Nicolás Maduro: “cesen las torturas y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, y permitan que sus familiares “puedan ser evaluados y recibir los tratamientos de acuerdo a su condición de salud”.